Trump amenaza con demanda de $5,000 millones contra think tank por informe sobre Guardia Nacional

El expresidente Donald Trump amenazó con una demanda de 5,000 millones de dólares contra el Centro para el Progreso Estadounidense (CAP), una organización sin fines de lucro de tendencia progresista, si no retiraba un informe que cuestionaba el impacto del despliegue de la Guardia Nacional en la reducción de la delincuencia.

Según informó la agencia Associated Press (AP), el plazo para que la organización se retractara venció al cierre de la jornada laboral del viernes, pero el think tank se negó a hacerlo. La amenaza fue comunicada mediante una carta enviada el lunes por el abogado de Trump, Alejandro Brito, y divulgada inicialmente por The New York Times.

Neera Tanden, presidenta y directora ejecutiva del CAP, calificó la amenaza legal como un intento de intimidación. "La demanda es un intento descarado de silencarnos. No nos acobardaremos ni cederemos ante ella", declaró Tanden en respuesta a la advertencia.

Conclusiones del informe cuestionado

El informe en cuestión, publicado el 13 de julio, analizó datos sobre criminalidad y concluyó que el despliegue de la Guardia Nacional ordenado por la administración Trump no tuvo ningún efecto apreciable en las tendencias de los delitos violentos. El documento cuestionaba directamente las afirmaciones de la administración sobre una supuesta disminución histórica de los delitos atribuida a sus políticas de seguridad.

Una de las afirmaciones señaladas por Trump como falsa y difamatoria indicaba que: «En un intento por afirmar falsamente que sus políticas han reducido la delincuencia, el presidente está explotando el hecho de que los delitos violentos y los homicidios ya estaban disminuyendo en las ciudades a las que su administración dirigió estas intervenciones extremas».

Respuesta legal y contexto de las amenazas

El asesor jurídico del CAP, Kevin Metz, respondió que la acusación de difamación carece de fundamento, argumentando que "la verdad no es ni puede ser difamación" y que los estándares legales protegen la libertad de expresión en este caso.

Este episodio forma parte de un patrón recurrente durante el segundo mandato de Trump, quien ha utilizado amenazas legales contra organizaciones, medios y críticos percibidos como adversarios. Durante los primeros meses de su mandato, también presionó a varios bufetes de abogados para limitar su acceso al gobierno federal si no accedían a ciertas exigencias, lo que algunos aceptaron bajo presión.

Kevin Goldberg, experto en la Primera Enmienda del Freedom Forum, señaló que este tipo de amenazas suelen tener como objetivo principal intimidar a los críticos más que buscar una compensación real por daños causados.