Tribunal pospone decisión sobre extinción penal en caso de Jean Alain Rodríguez

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió posponer para el lunes 17 de agosto la lectura del fallo sobre la solicitud de extinción de la acción penal en el proceso contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. La decisión, que inicialmente estaba prevista para este miércoles, fue reprogramada de forma administrativa por la secretaría del tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar e integrado además por las juezas Yisell Soto y Clara Castillo.

La defensa, representada por los abogados Carlos Balcácer y Nelly Rivas, solicitó al tribunal declarar extinguida la acción penal y ordenar el cierre definitivo del caso, argumentando que el proceso está a punto de superar los seis años de duración. Sostienen que este retraso es enteramente atribuible al Ministerio Público, ya que la fase investigativa se extendió por casi dos años, a lo que se añadió una prórroga de cuatro meses solicitada por el órgano acusador y una intimación judicial posterior para su finalización.

Como sustento legal, la defensa invocó jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que establece en cuatro años el plazo razonable en materia penal, así como la Ley 97-25, que restringe las causales para prorrogar dicho plazo a casos de fuga, rebeldía o dilaciones justificadas mediante resolución motivada. Según los abogados, ninguna de estas circunstancias se configura en el expediente, y destacaron que dos tribunales anteriores ya han determinado que las dilaciones no son responsabilidad del imputado, quien además permaneció privado de libertad durante cuatro años.

Por su parte, el órgano acusador, representado por el director general de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirta Ortiz, pidió rechazar la petición, considerando que carece de fundamento jurídico. Argumentaron que la extinción procesal es una sanción reservada para casos de inactividad o conducta defectuosa de las partes, no un recurso aplicable cuando el retraso se debe a la complejidad del expediente.

Ortiz precisó que factores como aplazamientos por motivos de salud, intervenciones quirúrgicas, solicitudes de la propia defensa, derechos del personal judicial y la carga de trabajo de los tribunales no pueden atribuirse al Ministerio Público. Citó como precedente la resolución del mismo tribunal del 17 de marzo de 2025 en el caso contra Juan Alexis Medina Sánchez, cuando también fue rechazada una solicitud similar de extinción penal.

Según la funcionaria, el retraso alegado por la defensa responde a una estrategia dilatoria, y mencionó que una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones.