Tribunal impone prisión preventiva a motociclista por atropello tras maniobras temerarias

Ronny Renzo Mena Rodríguez fue enviado a prisión preventiva por el Juzgado de Paz de Tamboril, Santiago, tras ser acusado de provocar un accidente de tránsito mientras realizaba maniobras acrobáticas en vía pública, conocidas localmente como "calibrar" una motocicleta.

El hecho ocurrió el 6 de julio de 2026 en la calle Juan María Capellán, municipio de Tamboril, cuando Mena Rodríguez, quien conducía una motocicleta Super Gato roja de 2022, impactó a Franklin José Pérez Peña, otro motociclista, causándole lesiones en diversas partes del cuerpo, según certificaciones del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El Ministerio Público, representado por el fiscal Manuel Güichardo, solicitó la medida de coerción por violación a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, específicamente por los artículos 220, 221, 287 (párrafo 2), 299 (numerales 1 y 2), 300, 303 (párrafos 3 y 4), 304 (2) y 310, que sancionan la conducción temeraria y el incumplimiento de límites de velocidad y normas básicas de seguridad vial.

La acusación se sustentó en múltiples elementos de prueba, incluyendo el acta de tránsito número Q2439-26 levantada por agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la denuncia interpuesta por la víctima mediante su representante legal y los informes periciales que confirmaron la responsabilidad del imputado en el incidente.

Durante la audiencia, el Ministerio Público destacó que Mena Rodríguez tenía un historial de realizar frecuentemente maniobras peligrosas en la vía pública, lo que generaba riesgo constante para otros usuarios de la vía y había sido previamente motivo de preocupación comunitaria.

El juzgado, presidido por la juez suplente Bertha Gómez Gil, acogió la solicitud y ordenó que el imputado cumpla la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Hombres, en Santiago, mientras avanza el proceso judicial.

El caso subraya los riesgos asociados a la práctica de maniobras no autorizadas en vías públicas y refuerza el compromiso de las autoridades con la aplicación de la ley para prevenir siniestros viales y proteger la integridad de los ciudadanos.