Tribunal federal anula suspensión de visados de Trump para 75 países

Un tribunal federal de Nueva York ha anulado la suspensión de visados de inmigrante para 75 países impuesta por la administración Trump a principios de año, determinando que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales al implementar la medida.

La jueza Jeannette Vargas, del Distrito Sur de Nueva York, emitió una sentencia de 61 páginas en la que calificó la prohibición como «manifiestamente ilegal» y cuestionó el argumento del Gobierno de que los solicitantes de esas naciones representaban un alto riesgo de convertirse en una «carga económica» para Estados Unidos.

Según el fallo, se había ordenado a funcionarios estadounidenses denegar visados incluso a inmigrantes que cumplían con todos los requisitos y que probablemente serían autosuficientes, lo que contraviene una norma federal que exige evaluaciones individualizadas y basadas en méritos de cada caso.

La lista de países afectados incluía naciones de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay, así como Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen. La suspensión había estado en vigor desde enero de 2025.

Entre los demandantes del caso se encuentran cinco profesionales colombianos cuyas solicitudes de visado fueron rechazadas bajo esta política, además de seis ciudadanos estadounidenses que afirmaron que la medida perjudicó a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según informó The New York Times.

El fallo también revoca las denegaciones de visado basadas exclusivamente en la medida, lo que podría derivar en la revisión de miles de solicitudes ya procesadas por el Departamento de Estado.

«Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración»

Así lo declaró Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center, quien añadió que el tribunal «dejó claro que las leyes de inmigración no pueden utilizarse para justificar la discriminación».

Por su parte, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, calificó el fallo como un «contundente rechazo a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades».

El Departamento de Estado, a través de un portavoz, indicó que no suele comentar sobre litigios pendientes, pero reiteró que «la Administración Trump protege al pueblo estadounidense al mantener los estándares más rigurosos de evaluación y verificación de los solicitantes de visas».