Tragedia en Nepal alerta sobre riesgos de reforma glaciar en Argentina

La tragedia ocurrida en Nepal ha reactivado los reclamos en Argentina contra la reforma de la ley de protección de glaciares aprobada este año por el gobierno de Javier Milei, que expertos advierten incrementa los riesgos para los campos de hielo andinos y el agua de la que dependen millones de personas.

Según Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace, aunque los ecosistemas son distintos y no se puede afirmar que ocurra lo mismo en Argentina, el evento en Nepal sirve como una advertencia global sobre el retroceso de los glaciares, un fenómeno ya observable en territorio argentino.

Argentina cuenta con 16.968 cuerpos de hielo que cubren 8.484 kilómetros cuadrados, y en 2024 reconoció oficialmente que el aumento de la temperatura ha generado un retroceso de casi todos los glaciares andinos de la Patagonia sur durante las últimas décadas, incluido el emblemático Glaciar Perito Moreno, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1981.

El país fue pionero en Latinoamérica al aprobar en 2010 una ley de protección de glaciares como reservas estratégicas de agua, pero la reforma de esta legislación, impulsada en abril pasado por el gobierno nacional, ha añadido presión de actividades extractivistas a los efectos ya causados por el cambio climático.

La reforma habilita a las provincias a autorizar proyectos mineros en áreas periglaciales (zonas aledañas a los glaciares) si consideran que no tienen reservas estratégicas de recursos hídricos, lo que, según ambientalistas, abre la puerta a decisiones discrecionales y pone en riesgo ecosistemas frágiles.

La medida fue aprobada por el Parlamento en medio de una ola de nuevas inversiones mineras, principalmente en litio, cobre y oro, impulsadas por los beneficios fiscales otorgados por el gobierno actual a las empresas.

"Permitir la minería en estos ecosistemas puede generar muchos problemas. Vuelan la montaña con dinamita y arman un dique de cola, donde vierten agua y sustancias químicas como cianuro, con el peligro de que se filtre hacia las napas subterráneas y contamine acuíferos que conectan con ríos. Además, estos diques artificiales pueden colapsar"

— Cristian Fernández, coordinador del área legal de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)

Rossi Serra remarcó que los glaciares conservan el 70 % del agua dulce del planeta, cumplen un rol fundamental en la regulación de los ciclos hídricos y muchas comunidades dependen del agua de deshielo para consumo humano, riego y generación de energía.

Entre el 18 % y el 20 % de los argentinos depende directamente del agua de deshielo de glaciares y ambientes periglaciales, advirtió la experta de Greenpeace.

La provincia de La Pampa y varias organizaciones de la sociedad civil, como Greenpeace y FARN, presentaron una solicitud de amparo colectivo contra la reforma, exigiendo que no se aplique hasta que la Justicia se pronuncie sobre su constitucionalidad.

"El trámite judicial es lento. El juzgado tiene paralizada la resolución. Estamos bastante preocupados con la ausencia de respuesta"

— Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas

La causa judicial tiene un antecedente importante: en 2019 la Corte Suprema argentina ratificó la constitucionalidad de la ley de 2010 al fallar en una demanda iniciada en 2011 por la minera canadiense Barrick Gold y la provincia de San Juan contra esa norma. En aquella sentencia, el Supremo reafirmó que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes públicos y que, en contextos de conflicto, los derechos colectivos —como el acceso al agua— prevalecen sobre otros intereses.

Fernández de FARN afirmó que la reforma es inconstitucional a todas luces y anunció que, más allá de la estrategia judicial, buscarán que el tema esté en la agenda pública de cara a las elecciones de 2027, impulsando una ley que restablezca la protección de los glaciares.

"Tragedias como las de Nepal deben abrir los ojos de todos", concluyó el ambientalista, haciendo un llamado a la conciencia sobre la fragilidad de estos ecosistemas frente al cambio climático y las políticas extractivistas.