Suspensión de la consulta del PLD extiende la carrera presidencial hasta 2027

La suspensión de la consulta presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), programada para el 18 de octubre, ha modificado significativamente la estrategia interna del partido para definir su candidato de cara a las elecciones de 2028. La decisión, atribuida formalmente a la falta de equipos necesarios para la votación automatizada, ha sido interpretada por analistas como consecuencia de los crecientes conflictos internos, particularmente tras las críticas de Francisco Javier García sobre el padrón electoral.

La Comisión Organizadora de la Consulta sobre Aspirantes Presidenciales (Conap) explicó que no pudo garantizar los requisitos técnicos para la consulta, pero fuentes internas indicaron que las objeciones de García, quien cuestionó la inclusión de 523.781 personas con afiliaciones múltiples, fueron determinantes. Aunque la Conap rechazó cualquier intento de exclusión y activó mecanismos de validación, el aspirante no formalizó su retiro, pese a que se había comunicado internamente esa posibilidad antes de la suspensión.

Tras varias declinaciones, la consulta había quedado reducida a cuatro aspirantes: Gonzalo Castillo, Francisco Javier García, Francisco Domínguez Brito y Manfred Mata. Sin embargo, Abel Martínez, candidato presidencial del PLD en 2024, había decidido no participar, anunciando que se presentaría como precandidato cuando se abriera el proceso legal de precampaña, tal como establece la ley electoral.

Con la suspensión de la consulta, desaparece el mecanismo mediante el cual la dirección del PLD esperaba anticipar la unidad alrededor de una figura líder. Según el calendario oficial de la Junta Central Electoral (JCE), los procesos internos legalmente regulados deben realizarse en 2027: las primarias no podrán celebrarse después del 3 de octubre, y las convenciones, asambleas y encuestas tendrán como límite el 31 de octubre de ese año.

Esto extiende efectivamente la competencia interna en aproximadamente un año, aumentando los costos políticos y económicos para los aspirantes. Mantener equipos políticos, recorrer provincias, organizar actividades, movilizar dirigentes y sostener estructuras territoriales requiere recursos considerables. Mientras que los proyectos con mayor capacidad financiera podrían manejar esta prolongación, aquellos con recursos limitados podrían enfrentar dificultades para sostener una campaña política permanente durante meses.

No obstante, desde una perspectiva organizativa, el partido podría beneficiarse de tener múltiples aspirantes recorriendo el territorio simultáneamente, lo que ayudaría a reactivar estructuras territoriales necesarias para futuras elecciones.

Uno de los efectos más destacados recae sobre Abel Martínez, quien podría verse favorecido por la suspensión. Al no haber participado en la consulta, llega al proceso de 2027 sin haber sido sometido a una votación interna que pudiera haber generado un mandato claro para otro aspirante. En la práctica, todos los contendientes llegarán al proceso de 2027 sin poder exhibir un respaldo obtenido en octubre de 2024.

La suspensión obliga particularmente a Gonzalo Castillo y Francisco Javier García a revisar sus planes, ya que ambos habían orientado sus estructuras hacia una fecha concreta. Castillo anunció que continuará recorriendo el país y trabajando políticamente, mientras que García mantiene como eje de su agenda la equidad del proceso y la composición del padrón, tras sus denuncias sobre posibles ventajas para otros aspirantes, las cuales fueron rechazadas por la Conap.

Francisco Domínguez Brito enfrenta una situación distinta: aunque participó en el proceso de consulta, previamente había solicitado a la JCE que determinara su legalidad. El órgano electoral respondió que la consulta prevista para octubre carecía de respaldo dentro del calendario electoral vigente, lo que respalda técnicamente la suspensión.