Suspenden sesión de Diputados el día previsto para debatir el nuevo Código Penal

La Cámara de Diputados de la República Dominicana suspendió su sesión ordinaria este jueves, el mismo día en que estaba programado el conocimiento del nuevo Código Penal, una de las reformas legislativas más esperadas y controvertidas en las últimas décadas.

El anuncio fue realizado por Alfredo Pacheco Osorio, presidente de la Cámara, mediante un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del organismo. En el mensaje, dirigido a diputados, ciudadanía y medios de comunicación, se informó la suspensión sin ofrecer justificación ni una fecha alternativa para retomar el debate.

La coincidencia ha generado sospechas entre analistas y sectores sociales, ya que el Código Penal dominicano lleva más de un siglo sin una actualización sustancial —el texto vigente data de 1884— y su reforma ha sido postergada repetidamente debido a desacuerdos sobre temas como el aborto, las causales de exención de responsabilidad penal y los derechos de las mujeres.

Preocupaciones técnicas sobre el proyecto aprobado

Organizaciones jurídicas, empresariales y de la sociedad civil han advertido sobre falencias técnicas en el proyecto de Ley 74-25, aprobado recientemente como base del nuevo Código Penal. Según sus análisis, el texto contiene ambigüedades, duplicidades e incoherencias que podrían afectar su aplicación y generar conflictos con la Constitución y el Código Procesal Penal.

La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) fue una de las primeras en alertar formalmente. El 28 de junio de 2026, mediante un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad pidió al Poder Ejecutivo que someta con urgencia al Congreso un proyecto de ley para ampliar el período de vacatio legis de la Ley 74-25, argumentando que entrar en vigor sin correcciones comprometería la seguridad jurídica y la correcta administración de la justicia penal.

Posiciones del sector empresarial y gremios profesionales

El 16 de julio de 2026, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) presentó su posición institucional ante la Cámara de Diputados, resultado de un proceso de consulta con empresas de diversos sectores, abogados y especialistas. El gremio entregó una matriz técnica con propuestas de modificación artículo por artículo, abordando temas como la responsabilidad penal de personas jurídicas, el personal médico, la libertad de expresión y nuevos tipos penales relacionados con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las estafas piramidales.

CONEP también solicitó ampliar el plazo de entrada en vigencia para garantizar una revisión exhaustiva y una adecuada preparación para el cumplimiento de la reforma. En paralelo, la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) identificó ocho artículos —específicamente los 8 al 13, y los 150 y 151— cuya redacción actual podría generar incertidumbre jurídica para las empresas, afectando principios de legalidad y debido proceso.

Mario Pujols, representante de la AIRD, respaldó la necesidad de un Código Penal moderno, pero enfatizó que es indispensable corregir las disposiciones que, en su forma actual, podrían dar lugar a interpretaciones que afecten la seguridad jurídica.