Suprema Corte archiva querella de Balcácer contra Ortiz tras acuerdo de conciliación

La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia declaró extinguida la acción penal y ordenó el archivo definitivo del proceso tras el retiro de la querella presentada por Carlos Balcácer contra la directora de la PEPCA, Mirna Ortiz, por presunta difamación e injuria.

La decisión se produjo durante la tercera audiencia del caso, donde ambas partes alcanzaron un acuerdo de conciliación ante los magistrados presididos por el juez Francisco Jerez. Balcácer, abogado del exprocurador general Jean Alain Rodríguez, desistió de la acusación, mientras que la defensa de Ortiz, representada por el defensor público Rodolfo Valentín, dio su aquiescencia al retiro y solicitó la extinción de la acción penal.

Según explicó Valentín, de no haberse logrado el acuerdo, el proceso habría avanzado a la etapa de juicio de fondo, donde se habría debatido el caso, los hechos y las pruebas. Sin embargo, el retiro de la querella permitió concluir el mattero de forma definitiva mediante mecanismos alternativos de solución de conflictos, los cuales ambas partes respaldan como una y otra parte consideran adecuados para evitar dilaciones innecesarias en el sistema judicial.

El proceso judicial tuvo tres audiencias: la primera fue aplazada porque Ortiz aún no contaba con representación legal y solicitó asistencia de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP); la segunda, Balcácer no pudo comparecer por un compromiso judicial en la provincia de La Vega; y en la tercera, se logró el acuerdo que puso fin al caso. Durante las audiencias, Ortiz estuvo acompañada por el director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y varios fiscales.

La querella originó a partir de declaraciones públicas atribuidas a Ortiz durante el proceso judicial que enfrenta el exprocurador Jean Alain Rodríguez, las cuales Balcácer alegó afectaron su reputación profesional como abogado defensor. Camacho, por su parte, señaló que la acción legal formaba parte de una estrategia para apartar a la magistrada de los casos de corrupción administrativa vinculados a Rodríguez.

En la demanda inicial, además de una sanción penal, Balcácer reclamaba una indemnización de RD$25 millones, monto que había anunciado sería destinado al Cuerpo de Bomberos de Jimaní. Con el archivo del expediente, dicha solicitud queda sin efecto.