Siete países de la OEA rechazan propuesta de Ortega para eliminar elecciones en Nicaragua

Un grupo de siete países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) expresó su profunda preocupación por las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sobre la posible eliminación de las elecciones generales en el país centroamericano. La declaración conjunta, suscrita por Antigua y Barbuda, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Jamaica, República Dominicana y Uruguay, advierte que tales medidas vulneran principios fundamentales de la democracia representativa y los derechos humanos.

Los firmantes reiteraron que la democracia requiere pluralismo político, elecciones multipartidistas genuinas y respeto pleno por los derechos humanos, tal como establece la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En el comunicado, señalaron que "unas elecciones sin una competencia política genuina no pueden constituir una expresión libre y democrática de la voluntad popular", en directa referencia a los anuncios realizados por Ortega y la Asamblea Nacional nicaragüense.

Según el texto, las propuestas de Ortega ponen en duda la existencia de un proceso electoral auténtico y menoscaban el ejercicio efectivo de derechos políticos garantizados por el sistema interamericano. Los países exhortaron a las autoridades nicaragüenses a respetar sus obligaciones internacionales y a garantizar la participación ciudadana en condiciones de igualdad, sin discriminación ni restricciones indebidas.

El pronunciamiento se produjo un día antes de que el Consejo Permanente de la OEA realizara una reunión para analizar la situación de Nicaragua y evaluar la posible convocatoria de una reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, mecanismo previsto en la Carta de la OEA para abordar amenazas a la democracia en la región.

Los gobiernos firmantes coincidieron en que cualquier reforma electoral que elimine la competencia política legítima o restrinja la participación ciudadana constituye una violación al orden democrático y podría derivar en sanciones diplomáticas o medidas adicionales por parte del organismo hemisférico.