Senador Taveras propone declarar utilidad pública terrenos ocupados por comunidades en Santo Domingo

El senador Antonio Taveras solicitó al presidente Luis Abinader declarar de utilidad pública terrenos ocupados por comunidades establecidas desde hace décadas en la provincia Santo Domingo, con el objetivo de avanzar hacia la titulación de las familias que viven en esos asentamientos.

Durante una intervención en el Senado este miércoles, el legislador planteó que el pago a los propietarios se realice mediante un programa financiado con el Presupuesto General del Estado durante un período de diez años, una propuesta que implica el compromiso de recursos públicos para resolver conflictos de propiedad que afectan a diversas comunidades.

Taveras señaló que la Resolución 00766 fue recibida por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo el 11 de noviembre de 2025, y que busca dar una respuesta jurídica a familias que han construido sus viviendas en esos terrenos durante años y que carecen de seguridad jurídica sobre las propiedades que ocupan.

Entre las comunidades mencionadas se encuentran Santa Lucía en Boca Chica, Los Coquitos de Mendoza, Brisas del Edén, Buenaventura, Ensanche Isabelita, Valiente, Los Humedales de Pantoja, Los Alcarrizos, La Grúa, Barrio Los Progreso y Nueva Jerusalén.

El senador sostuvo que los levantamientos técnicos y jurídicos relacionados con la situación fueron realizados hace cuatro años por la Oficina Senatorial de Santo Domingo y que esos documentos fueron entregados al Poder Ejecutivo.

La salida planteada por Taveras no consiste en desconocer la propiedad privada, sino en que el Estado utilice el mecanismo de utilidad pública y pague a los propietarios el valor que corresponda, respetando el debido proceso y las garantías constitucionales y legales.

En este contexto, el senador recordó que la Ley 368-22, de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, promulgada en diciembre de 2022, establece que, en el caso de asentamientos irregulares dentro de una propiedad privada, el derecho de los propietarios debe ser respetado, salvo que exista una causa justificada de declaración de utilidad pública y se cumplan el debido proceso y las garantías constitucionales y legales para la expropiación y compensación.

La normativa también establece el marco regulatorio para el ordenamiento territorial y el uso del suelo en el país, y contempla la posibilidad de reasentamiento de comunidades bajo determinadas circunstancias, con garantías específicas cuando se trata de terrenos registrados a nombre de terceros.

Según Taveras, cualquier proceso de expropiación requeriría determinar cuáles terrenos están comprendidos, quiénes son sus legítimos propietarios, cuál es el valor de las propiedades y de qué manera se financiarían las compensaciones, proponiendo que este último componente sea atendido mediante asignaciones anuales del Presupuesto General del Estado durante diez años.

El senador pidió al presidente Abinader disponer la declaratoria de utilidad pública, establecer el pago correspondiente y completar posteriormente el proceso de titulación de las comunidades incluidas en la resolución.

La petición queda ahora vinculada a la decisión del Poder Ejecutivo de acoger o no el mecanismo propuesto y, en caso de hacerlo, a la determinación del alcance territorial, jurídico y financiero de la medida.

Finalmente, Taveras destacó que la Ley 368-22 cuenta además con un reglamento de aplicación, establecido mediante el Decreto 396-25, según la base legal del Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.