Senador Taveras pide explicaciones sobre muertes en intervenciones policiales

El senador Antonio Taveras Guzmán propuso que el Senado invite a la ministra de Interior y Policía y al director general de la Policía Nacional para que expliquen las circunstancias de las muertes ocurridas durante los denominados "intercambios de disparos" y los protocolos de uso de fuerza letal.

El legislador por la provincia Santo Domingo enfatizó que combatir el delito con firmeza no autoriza la aplicación de la pena de muerte, y que el accionar policial debe respetar el Estado de derecho. Sostuvo que la fuerza letal solo debe usarse cuando exista una amenaza inminente y sea estrictamente inevitable para proteger una vida.

Taveras advirtió que la versión de un "intercambio de disparos" no puede sustituir una investigación objetiva ni servir como justificación automática de una muerte. Citó casos emblemáticos como el de los esposos evangélicos Joel Eusebio Díaz Ferrer y Elisa Muñoz Marte, abatidos en Villa Altagracia el 30 de marzo de 2021, y la muerte de cinco hombres en La Barranquita, Santiago, en septiembre de 2025.

Según datos de boletines de seguridad ciudadana, en 2025 se registraron 215 muertes clasificadas como "intervención legal" de agentes del orden, equivalentes al 16 % de los 1,371 homicidios totales del año. En el primer semestre de 2026, esa cifra ascendió a 144 muertes, representando el 23 % de los 625 homicidios registrados en ese período.

El senador reconoció que estas estadísticas, por sí solas, no demuestran un patrón sistemático de uso desproporcionado de la fuerza, pero sí ameritan explicaciones de las autoridades y garantías de investigación objetiva en cada caso.

La resolución plantea que se informe cómo se verifican las versiones de los agentes involucrados, qué investigaciones realiza la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional y qué resultados se han obtenido. También solicita detalles sobre la coordinación con el Ministerio Público y los procedimientos para evitar que operaciones de captura terminen innecesariamente con pérdida de vidas.

El documento establece que estar bajo investigación, tener antecedentes delictivos o ser objeto de una orden de arresto no constituye, por sí solo, justificación para usar fuerza letal. La iniciativa busca que el Senado conozca las actuaciones de los organismos responsables y que las autoridades rindan cuentas sobre el uso de la fuerza policial.