Santiago Hazim desiste de arresto domiciliario y permanecerá en prisión preventiva

Santiago Hazim decidió no insistir en la solicitud de arresto domiciliario que había planteado su defensa y continuará cumpliendo la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva por el caso de presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa). La decisión fue comunicada durante la audiencia de revisión ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Su abogado, Miguel Valerio, informó al juez Deiby Timoteo Peguero que, tras consultar con su representado, Hazim optó por no objetar la continuidad de la prisión preventiva. El tribunal consideró que dicha medida continúa siendo idónea, necesaria y proporcional, por lo que la mantuvo vigente.

Hazim permanecerá recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, en San Antonio de Guerra, mientras avanza el proceso judicial. La revisión de la medida de coerción es obligatoria y no constituye una valoración sobre la culpabilidad o inocencia de los imputados.

Esta medida ya había sido ratificada el 30 de abril por el mismo juzgado, que fijó una nueva revisión para el 30 de julio tras concluir que no habían variado las circunstancias que la sustentaron.

La defensa había argumentado previamente razones médicas para solicitar el arresto domiciliario, presentando en diciembre de 2025 informes que señalaban un diagnóstico de esclerosis múltiple y la necesidad de tratamiento especializado en Nueva York. El neurólogo Luis A. Taveras Guzmán había recomendado considerar una medida menos gravosa.

Sin embargo, el Ministerio Público cuestionó la acreditación forense de la condición médica y sostuvo que los argumentos no justificaban sustituir la prisión preventiva, señalando que las condiciones de reclusión no afectaban suficientemente su estado de salud como para modificar la medida.

El caso involucra a siete imputados principales: Santiago Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Otros tres enfrentan medidas menos gravosas, como arresto domiciliario.

Según el Ministerio Público, la estructura investigada habría ocasionado un perjuicio inicial estimado en más de RD$15,000 millones al Estado. Posteriormente, se precisó que se investigan 4,363 autorizaciones de servicios fraudulentos entre enero de 2021 y febrero de 2025, por un monto acumulado de al menos RD$41,125,551.02.

Las acusaciones incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, sobornos, falsificación y uso de documentos falsos, y lavado de activos, según el expediente del órgano acusador.