Saneamiento en República Dominicana: brechas rurales y urbanas persisten pese a avances

El saneamiento sigue siendo una deuda pendiente para miles de familias dominicanas, especialmente en zonas rurales y de bajos ingresos, donde el acceso a instalaciones adecuadas aún representa un desafío diario. Aunque la cobertura nacional de inodoros alcanza el 91 % según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), las disparidades entre áreas urbanas y rurales revelan una realidad más compleja.

En zonas urbanas, el 95.4 % de los hogares dispone de inodoro, frente al 79.1 % en zonas rurales, donde el uso de letrinas llega al 16.7 % y otras instalaciones precarias o nulas representan el 4.2 %. Estas brechas se agravan en regiones específicas: el Cibao Noroeste muestra que solo el 73.8 % de los hogares tiene inodoro, mientras que el 24.7 % depende de letrinas, posicionándose como la segunda región con mayor proporción de letrinas del país, solo detrás de Enriquillo (27.1 %).

La calidad del saneamiento también varía según el nivel económico. Entre los hogares del quintil más pobre, el 86.9 % cuenta con saneamiento mejorado, frente al 98.9 % en el quintil de mayores ingresos. Esto significa que más de uno de cada diez hogares pobres aún utiliza instalaciones no mejoradas, lo que aumenta riesgos sanitarios y ambientales.

Según la médica Franniris Campos, la falta de saneamiento adecuado favorece la proliferación de vectores como mosquitos, incrementando la transmisión de enfermedades como dengue, chikungunya y zika. Además, más de la mitad de las 20 principales causas de consulta externa en el país están relacionadas con enfermedades de origen hídrico, y los padecimientos gastrointestinales representaron el 1.8 % de las hospitalizaciones en el Servicio Nacional de Salud (SNS) durante enero-junio de este año, equivalente a 4,123 casos.

Iniciativas como el programa “Una solución limpia a un problema sucio”, implementado por Hábitat para la Humanidad República Dominicana con el apoyo de BID Lab, han buscado cerrar estas brechas. Con un presupuesto total de US$ 600,000 — financiado mediante cooperación técnica no reembolsable y donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) — el proyecto ha proporcionado baños dignos, conexión a agua potable y alcantarillado a familias vulnerables.

Adriana Guzmán de Estrada, residente de Montecristi, fue una de las beneficiarias. Tras años de usar un baño improvisado fuera de su vivienda, accedió a un préstamo y microcrédito para construir un baño interno y conectar su hogar a los servicios de agua y saneamiento mediante el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

Cerca del 80 % de los beneficiarios fueron madres solteras con hijos, seguidas por adultos mayores y otros hogares en situación de vulnerabilidad. El enfoque en mujeres responde al impacto desproporcionado que la falta de saneamiento tiene en su seguridad, autonomía y uso del tiempo, tal como señala ONU Mujeres.

Aunque se han logrado avances, el acceso universal a saneamiento seguro sigue siendo un desafío estructural que requiere inversiones sostenibles, políticas focalizadas y participación comunitaria para garantizar el derecho a condiciones de vida dignas y saludables en todo el territorio nacional.