Rubio lanza ofensiva diplomática contra la Corte Penal Internacional

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró una campaña diplomática sin precedentes contra la Corte Penal Internacional (CPI), anunciando lo que describió como un esfuerzo para "desmantelar ladrillo a ladrillo" al tribunal con sede en La Haya. La declaración, publicada en un artículo de The Wall Street Journal el lunes 13 de julio, marca una escalada significativa en la postura de Washington frente al derecho internacional.

En un video difundido en redes sociales, Rubio acusó a la CPI de "librar una guerra" contra Estados Unidos, "no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza del llamado derecho internacional". El jefe de la diplomacia estadounidense advirtió que su país "le enseñará a la CPI el verdadero significado de la determinación estadounidense".

El anuncio se produce en un contexto de creciente exposición legal para la administración Trump. Expertos en derecho internacional señalan que operaciones militares recientes —incluyendo el bombardeo a una escuela primaria en Minab, en la provincia iraní de Hormozgan, donde murieron al menos 85 niñas— podrían ser calificadas como crímenes de guerra susceptibles de investigación por parte de la CPI.

Según el artículo 12(3) del Estatuto de Roma, cualquier Estado —incluso aquellos que no son parte del tratado, como Irán— puede presentar una declaración ante la Corte aceptando su jurisdicción sobre crímenes cometidos en su territorio. La organización Democracy for the Arab World Now (DAWN) se preguntó públicamente si la presión de Rubio obedece al temor de que "personal estadounidense haya cometido crímenes de guerra en Irán".

A esa exposición se suma la operación en Venezuela, en la que fuerzas especiales estadounidenses mataron a cerca de 80 personas —entre militares venezolanos, cubanos y civiles— en el marco de un intento de captura del presidente Nicolás Maduro.

Más allá de la retórica, la estrategia concreta de Rubio apunta a presionar a países aliados y dependientes económica o militarmente de Washington para que abandonen voluntariamente el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI. El objetivo sería erosionar la legitimidad y el alcance operativo del tribunal desde adentro del sistema multilateral.

La administración Trump ya había dado señales en esa dirección. En febrero de 2025, la Casa Blanca emitió la Orden Ejecutiva 14203, que impone sanciones directas contra la CPI y contra su fiscal jefe, Karim Khan, en respuesta a las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra en Gaza.

El movimiento de Rubio reaviva un debate de fondo sobre la vigencia del orden jurídico internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial. Para analistas consultados por medios como la BBC y el Financial Times, la ofensiva estadounidense no es solo una disputa institucional: es una señal de que Washington está dispuesto a desafiar abiertamente los mecanismos de rendición de cuentas globales en un momento en que varios de sus aliados enfrentan acusaciones formales ante el tribunal.

La CPI, creada en 2002 mediante el Estatuto de Roma, tiene jurisdicción sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Estados Unidos nunca ha ratificado el tratado, pero eso no lo inmuniza completamente frente a investigaciones sobre hechos ocurridos en territorios de Estados miembros o que acepten la jurisdicción de la Corte.