ROI pide transparencia en evaluación de jueces tras renuncias de magistrados de la SCJ

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó su preocupación por las renuncias de cuatro magistrados y magistradas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al proceso de evaluación de desempeño convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), advirtiendo que esta situación constituye una señal institucional que debe ser analizada para fortalecer la confianza en el sistema de justicia.

Según la organización, la evaluación de desempeño de los jueces y juezas de la SCJ es un mecanismo constitucional destinado a fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, por lo que debe desarrollarse con pleno respeto al debido proceso, la independencia judicial, la objetividad, la transparencia y la motivación de las decisiones.

Leidy Blanco, quien leyó el documento en nombre de la ROI, señaló que, si bien se respeta el derecho de cada magistrado a decidir sobre la continuidad de su carrera judicial, es necesario reflexionar sobre las condiciones institucionales que rodean el proceso cuando jueces con larga trayectoria prefieren concluir anticipadamente su servicio antes de someterse a la evaluación constitucional.

"Cuando personas que ocupan las más altas responsabilidades dentro del Poder Judicial deciden retirarse antes de ser evaluadas, corresponde preguntarse si el sistema está generando las condiciones necesarias para fortalecer la confianza en este mecanismo constitucional y para incentivar la permanencia del talento, la experiencia y el liderazgo judicial"

La ROI destacó especialmente la decisión de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez de no participar en el proceso de evaluación, recordando que ambas forman parte de un Poder Judicial que, en diciembre de 2025, incrementó a cinco el número de mujeres integrantes de la SCJ, aunque esta representación sigue siendo insuficiente frente al mandato constitucional de participación equilibrada entre mujeres y hombres.

Asimismo, la organización consideró que la magistrada Nancy Salcedo Fernández representaba una posibilidad histórica de que, por primera vez, una jueza de carrera presidiera la alta corte.

La ROI advirtió que estas preocupaciones no son nuevas, ya que durante el proceso anterior de evaluación y designación de integrantes de las altas cortes presentó observaciones al reglamento, promovió criterios objetivos de evaluación, elaboró una Guía de Entrevistas para aspirantes y reclamó mayor transparencia y motivación de las decisiones, advirtiendo que ciertas prácticas podían desincentivar la participación futura de jueces y juezas.

En ese sentido, indicó que los acontecimientos actuales obligan a revisar aquellas advertencias y reiteró que la evaluación judicial debe fortalecer la carrera judicial y la confianza en las instituciones, nunca generar incertidumbre sobre la permanencia de quienes han dedicado décadas al servicio de la justicia.

Además, la ROI llamó la atención sobre la transparencia del CNM, valorando que recientemente se publicaran las actas de los procesos de designación de jueces de la SCJ y del Tribunal Superior Electoral de diciembre de 2025, pero considerando que dichas publicaciones son insuficientes porque no permiten conocer las razones que fundamentaron las decisiones ni el contenido de las deliberaciones del Consejo.

"La transparencia no consiste únicamente en publicar documentos. Significa permitir que la ciudadanía comprenda por qué se toman las decisiones públicas y pueda verificar que estas responden exclusivamente a criterios constitucionales, legales y objetivos"

Finalmente, la organización exhortó al CNM a conducir el proceso de evaluación con absoluto respeto a la Constitución y al Estado de derecho, garantizando reglas claras, criterios objetivos y verificables, decisiones debidamente motivadas, igualdad de trato para todos los evaluados, observación ciudadana efectiva y el cumplimiento del mandato constitucional de paridad, concluyendo que la legitimidad del proceso dependerá de la confianza que genere en la ciudadanía y de su capacidad para fortalecer la independencia judicial y la carrera judicial en la República Dominicana.