ROI alerta que renuncias de jueces de la SCJ ponen en duda la evaluación del CNM

La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) expresó su preocupación este lunes por las renuncias de cuatro magistrados y magistradas de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) al proceso de evaluación convocado por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), advirtiendo que este hecho constituye una señal institucional que debe ser analizada para fortalecer la confianza en el sistema de justicia.

Durante una rueda de prensa, la organización recordó que la evaluación de desempeño de los jueces y juezas de la SCJ es un mecanismo constitucional diseñado para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial, por lo que debe desarrollarse con pleno respeto al debido proceso, la independencia judicial, la objetividad, la transparencia y la motivación de las decisiones.

La ROI señaló que, si bien respeta el derecho de cada magistrado a decidir sobre su continuidad judicial, resulta necesario reflexionar sobre las condiciones institucionales que rodean el proceso cuando magistrados con larga trayectoria prefieren retirarse antes de someterse a la evaluación.

"Cuando personas que ocupan las más altas responsabilidades dentro del Poder Judicial deciden retirarse antes de ser evaluadas, corresponde preguntarse si el sistema está generando las condiciones necesarias para fortalecer la confianza en este mecanismo constitucional y para incentivar la permanencia del talento, la experiencia y el liderazgo judicial."

La organización destacó especialmente la decisión de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez de no participar en el proceso. Recordó que ambas forman parte de un Poder Judicial que, en diciembre de 2025, incrementó a cinco el número de mujeres en la SCJ, aunque esa representación sigue siendo insuficiente frente al mandato constitucional de paridad de género.

La ROI consideró que la magistrada Nancy Salcedo Fernández representaba una posibilidad histórica de que, por primera vez, una jueza de carrera presidiera la Suprema Corte de Justicia.

Además, la organización recordó que estas preocupaciones no son nuevas. Durante el proceso anterior de evaluación y designación de integrantes de las altas cortes, la ROI presentó observaciones al reglamento, promovió criterios objetivos de evaluación, elaboró una Guía de Entrevistas para aspirantes y reclamó mayor transparencia y motivación de las decisiones, advirtiendo que ciertas prácticas podían desincentivar la participación futura.

En ese sentido, indicó que los acontecimientos actuales obligan a revisar aquellas advertencias y reiteró que la evaluación judicial debe fortalecer la carrera judicial y la confianza en las instituciones, nunca generar incertidumbre sobre la permanencia de quienes han dedicado décadas al servicio de la justicia.

La ROI también llamó la atención sobre la transparencia del CNM. Aunque valoró que recientemente se publicaran las actas de los procesos de designación de jueces de la SCJ y del Tribunal Superior Electoral celebrados en diciembre de 2025, consideró que dichas publicaciones son insuficientes porque no permiten conocer las razones que fundamentaron las decisiones ni el contenido de las deliberaciones del Consejo.

"La transparencia no consiste únicamente en publicar documentos. Significa permitir que la ciudadanía comprenda por qué se toman las decisiones públicas y pueda verificar que estas responden exclusivamente a criterios constitucionales, legales y objetivos."

Finalmente, la organización exhortó al CNM a conducir el proceso de evaluación con absoluto respeto a la Constitución y al Estado de derecho, garantizando reglas claras, criterios objetivos y verificables, decisiones debidamente motivadas, igualdad de trato para todas las personas evaluadas, observación ciudadana efectiva y el cumplimiento del mandato constitucional de paridad.

La ROI concluyó afirmando que la legitimidad del proceso dependerá, sobre todo, de la confianza que genere en la ciudadanía y de su capacidad para fortalecer la independencia judicial y la carrera judicial en la República Dominicana.