Retiro de cuatro jueces de la Suprema Corte genera preocupación por futuro de la carrera judicial

La salida anticipada de cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia ha reactivado el debate sobre las condiciones institucionales que rodean la permanencia en la carrera judicial en la República Dominicana. La decisión, tomada por jueces que optaron por no someterse al proceso de evaluación constitucional, plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para retener experiencia, liderazgo y talento en los niveles más altos del Poder Judicial.

Leidy Blanco, representante de Participación Ciudadana en la Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) de Altas Cortes, advirtió que esta situación no solo refleja decisiones individuales, sino también posibles fallos en el diseño y aplicación del mecanismo de evaluación. Según Blanco, el éxito del proceso depende no solo de las decisiones finales del Consejo Nacional de la Magistratura, sino también de la confianza que genere el procedimiento en términos de transparencia, objetividad y respeto al debido proceso.

Tres de los cuatro magistrados que se retiraron pertenecen a la carrera judicial y son profesionales relativamente jóvenes, formados y capacitados durante años por el Estado dominicano. Blanco destacó que su salida representa una pérdida significativa de capital humano institucional, particularmente en un momento en que el país requiere fortalecer su judicatura. Aunque la ROI respeta el derecho de cada juez a decidir sobre su continuidad, considera legítimo cuestionar por qué funcionarios de alto nivel optan por concluir anticipadamente su trayectoria.

El retiro de las magistradas Nancy Salcedo Fernández y María Garabito Ramírez genera una preocupación adicional debido a sus reconocidas trayectorias. Blanco señaló que Salcedo Fernández reunía las condiciones para convertirse en la primera jueza de carrera en presidir la Suprema Corte de Justicia, lo que habría representado un avance histórico para el liderazgo femenino en el máximo tribunal. Aunque la designación de diciembre de 2025 elevó a cinco el número de mujeres en la Corte, la participación femenina sigue estando lejos del equilibrio establecido por el artículo 39.5 de la Constitución.

La ROI reiteró que el principio de paridad debe orientar las decisiones del Consejo Nacional de la Magistratura, tanto en las ratificaciones como en las nuevas designaciones. Blanco sostuvo que este mandato constitucional debe observarse estrictamente para garantizar una participación equilibrada de mujeres y hombres en los espacios de toma de decisiones judiciales.

La organización también recordó advertencias realizadas durante el proceso de evaluación anterior, cuando señaló prácticas que podrían desincentivar la participación futura. Entre ellas mencionó la modificación tardía de las reglas de evaluación, la falta de criterios objetivos y verificables, la publicación retrasada de actas y la insuficiente motivación en algunas decisiones de no ratificación. Estas situaciones, advirtió Blanco, riesgo de desviar la evaluación de su finalidad constitucional y generar incertidumbre dentro de la carrera judicial.

En ese contexto, la ROI citó casos previos como los de las magistradas Miriam Germán Brito y Pilar Jiménez Ortiz, quienes habían cuestionado públicamente el uso de criterios subjetivos y la falta de fundamentación en ciertas resoluciones. Blanco concluyó que corresponde al Estado y al Consejo Nacional de la Magistratura reflexionar sobre si el sistema ofrece las condiciones necesarias para fortalecer la confianza en el mecanismo de evaluación y para incentivar la permanencia del talento, la experiencia y el liderazgo judicial.