La República Dominicana consolida su política cultural como motor de desarrollo sostenible

La República Dominicana cuenta con un sólido marco jurídico e institucional en materia cultural que constituye una de sus principales fortalezas para diseñar una política cultural de Estado efectiva. Desde la creación de la Secretaría de Estado de Cultura mediante la Ley No. 41-00 en 2000 y su transformación en Ministerio de Cultura en 2010, el país ha desarrollado un conjunto de instrumentos legales que incluyen la Ley No. 65-00 sobre Derecho de Autor, la Ley No. 502-08 del Libro y Bibliotecas, la Ley No. 481-08 General de Archivos, la Ley No. 108-10 para el Fomento de la Actividad Cinematográfica, la Ley No. 340-19 de Mecenazgo Cultural y normas específicas para la protección del patrimonio cultural.

El patrimonio cultural dominicano ha recibido reconocimientos internacionales significativos, lo que constituye un capital estratégico para su preservación y promoción. La Ciudad Colonial de Santo Domingo está inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1990. Además, forman parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad el Espacio Cultural de la Cofradía del Espíritu Santo de los Congos de Villa Mella (2008), la Tradición del Teatro Danzante Cocolo (2008), el Merengue Dominicano (2016), la Bachata Dominicana (2019) y los conocimientos y prácticas tradicionales para la elaboración y el consumo del casabe (2024).

El país ha suscrito y ratificado las principales convenciones de la UNESCO en materia cultural, lo que refuerza su compromiso internacional. Entre ellas destacan la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (1972), la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003) y la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005). Estos instrumentos proporcionan un marco de referencia para alinear las políticas públicas nacionales con los estándares globales en materia de patrimonio y diversidad cultural.

Las industrias culturales y creativas se posicionan como un sector estratégico de la economía nacional, capaces de generar empleo, riqueza, innovación y proyección internacional. Este enfoque se basa en la evolución conceptual de la economía de la cultura, que pasó de las industrias culturales definidas por la UNESCO a las industrias creativas y posteriormente a la economía naranja popularizada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 2013. Actualmente, la tendencia internacional dirige hacia una visión más amplia donde la cultura actúa como eje transversal del desarrollo sostenible, la educación, la innovación, la cohesión social y el fortalecimiento de la identidad nacional.

Una política cultural de Estado integral debe ir más allá del fomento de las industrias creativas, abarcando la protección, difusión y promoción del patrimonio cultural material e inmaterial, así como la preservación de la identidad nacional y la diversidad cultural. Estos elementos son considerados pilares fundamentales de la memoria histórica, la cohesión social y el desarrollo sostenible, según el enfoque que guía la construcción de una estrategia nacional de desarrollo basada en la cultura.