República Dominicana mantiene nivel 2 en informe EE.UU. sobre trata de personas

Estados Unidos mantuvo a la República Dominicana en el Nivel 2 de su informe anual sobre trata de personas correspondiente a los años 2025 y 2026, reconociendo esfuerzos significativos pero señalando que el país no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar este delito.

Según el informe del Departamento de Estado de EE.UU., la República Dominicana demostró un aumento general en sus esfuerzos en comparación con el período anterior, lo que justificó su mantenimiento en el Nivel 2, el mismo nivel que ocupó en 2024. Entre los avances destacados se encuentran la promulgación de una nueva legislación que aumentó las penas por trata de personas, la creación de una unidad especial de investigación bajo la Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas (PETT), el aumento en el número de traficantes procesados y condenados, y la remisión de más víctimas a servicios de protección.

En términos de judicialización, en 2025 se procesaron 73 presuntos traficantes (59 por trata sexual y 14 por trabajo forzoso), frente a los 50 procesados en 2024. Asimismo, se obtuvieron 30 condenas (29 por trata sexual y una por trabajo forzoso), en comparación con las 11 condenas registradas en 2024.

Sin embargo, el informe señala deficiencias persistentes en áreas clave, particularmente en la investigación y identificación de casos de trata laboral. En 2025, el Gobierno investigó solo 94 casos de trata (85 por trata sexual, ocho por trabajo forzoso y uno no especificado), una disminución significativa frente a los 229 casos investigados en 2024 (216 por trata sexual y 13 por trabajo forzoso). Además, solo se reportaron dos investigaciones en curso sobre trata sexual durante el año estudiado, frente a 57 en el período anterior.

Los evaluadores destacaron que los inspectores laborales no identificaron sistemáticamente casos de trabajo forzoso, especialmente en sectores como la agricultura y la construcción, donde la falta de documentación y tarjetas de identidad dificulta el acceso al empleo formal y aumenta la vulnerabilidad a la explotación. Asimismo, se señaló que el programa piloto para registrar trabajadores migrantes con contratos no tuvo avances significativos, limitando su potencial para reducir riesgos de trabajo forzoso.

Otra preocupación mencionada es la excesiva dependencia del testimonio de las víctimas, lo que ha llevado a que algunos casos sean desestimados cuando las víctimas no pueden o no desean testificar. Además, persisten deficiencias en la protección de víctimas masculinas, ya que no existen servicios especializados para hombres víctimas de trata, a diferencia de los disponibles para mujeres.

El informe también reconoce la cooperación internacional del país en operaciones contra la trata, así como los esfuerzos de capacitación y el aumento del presupuesto destinado a combatir este delito.