República Dominicana condena declaraciones de Ortega sobre suspensión de elecciones en Nicaragua

República Dominicana expresó su enérgica condena ante las recientes declaraciones del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien afirmó que en su país no volverán a haber elecciones. La Cancillería dominicana calificó dichas afirmaciones como un abierto desconocimiento de los principios democráticos y una violación al derecho del pueblo nicaragüense de elegir libremente a sus gobernantes.

Según el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores dominicano, ningún gobierno puede privar a un pueblo de su derecho al voto ni cerrar unilateralmente la vía electoral como mecanismo legítimo para la alternancia en el poder. La postura se basa en el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, que establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y los gobiernos la obligación de promoverla y defenderla.

El Gobierno dominicano hizo un llamado a las autoridades nicaragüenses para que rectifiquen su posición y garanticen plenamente los derechos políticos y las libertades fundamentales del pueblo nicaragüense, incluyendo su derecho a participar en elecciones auténticas, competitivas y democráticas. Asimismo, reafirmó su compromiso indeclinable con la defensa de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho como principios colectivos de los Estados de las Américas.

Las declaraciones de Ortega surgieron durante la conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrada el 19 de julio, cuando aseguró que no habrá elecciones para impedir que la oposición atrape el poder. Posteriormente, el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, confirmó que sí se celebrarán elecciones, pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinde de lo que denominó injerencia extranjera y traidores a la patria.

Porras sostuvo que no se aceptarán elecciones donde participen golpistas, partidos financiados con dinero extranjero o organismos externos, argumentando que esto garantizaría la soberanía nacional. Estas posiciones han generado preocupación internacional sobre el futuro del proceso electoral en Nicaragua y el respeto a los estándares democráticos en la región.