República Dominicana supera los US$ 852 millones en bonos verdes y busca ampliar participación privada

La República Dominicana ya tiene en circulación valores temáticos por aproximadamente US$ 852 millones, según informó la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV). Este monto incluye emisiones verdes y sostenibles realizadas por entidades públicas y privadas, marcando un hito en el desarrollo del financiamiento sostenible en el país.

El componente más significativo corresponde al bono verde soberano de US$ 750 millones emitido por el Estado dominicano en 2024, que hasta la fecha constituye la operación de mayor volumen dentro del mercado de bonos temáticos nacional. Según la SIMV, dicha emisión recibió una demanda seis veces superior al monto ofrecido y se colocó a una tasa aproximadamente 15 puntos básicos inferior a la de un instrumento convencional de plazo similar.

Olga Nivar, directora de Emisiones, Patrimonios y Calificadoras de la SIMV, explicó que actualmente existen cinco instrumentos temáticos autorizados e inscritos en el Registro del Mercado de Valores. Estos son: el Fideicomiso de Oferta Pública de Valores Larimar I (aprobado en 2021), el bono verde del Banco Popular Dominicano y el bono sostenible de BANFONDESA (ambos de 2023), el bono verde soberano de la República Dominicana (2024) y el Fideicomiso de Oferta Pública de Valores de Renta Fija Verdes EGE Haina Renovables II (aprobado en 2025, con un plafond de hasta US$ 140 millones, aunque aún no iniciado su colocación).

La cifra de US$ 852 millones refleja únicamente los valores en circulación, no el total de recursos autorizados en los distintos programas. La funcionaria destacó que uno de los beneficios financieros de estos instrumentos es su capacidad para atraer inversionistas con mandatos específicos de sostenibilidad, como gestores de activos, fondos de pensiones y compañías de seguros, quienes participaron activamente en la colocación del bono soberano.

"El resultado muestra uno de los posibles beneficios financieros de los instrumentos temáticos: además de financiar proyectos con objetivos ambientales, pueden permitir a los emisores acceder a inversionistas con mandatos específicos de sostenibilidad", señaló Nivar.

No obstante, advirtió que los bonos verdes o azules no deben verse únicamente como una vía para obtener financiamiento a menor costo. Su propósito fundamental es movilizar capital hacia inversiones que contribuyan a la resiliencia climática, la gestión sostenible de los recursos hídricos, la reducción de la contaminación y la protección de los ecosistemas.

El Gobierno dominicano ha reportado que el 100 % de los fondos netos obtenidos con el bono verde soberano, equivalentes a US$ 742.9 millones, fueron asociados con proyectos elegibles. Para evitar el denominado "greenwashing", la SIMV aplica un riguroso esquema de control antes y después de la emisión.

Durante la etapa de autorización, se verifica que el prospecto y el marco del valor contemplen los cuatro componentes de los Principios de Bonos Verdes de la ICMA: uso de los recursos, proceso de evaluación y selección de proyectos, gestión de los recursos y reportes. Además, se revisa la alineación con la Taxonomía Verde de la República Dominicana y se exige una revisión externa independiente, como una opinión de segunda parte.

La SIMV no certifica los proyectos, pero supervisa que el emisor cumpla con sus obligaciones de transparencia y revelación. Durante la vigencia de los valores, se sigue el cumplimiento de los reportes de asignación de impacto y se verifica la correspondencia entre lo declarado inicialmente y lo reportado posteriormente. Los emisores deben informar, al menos una vez al año, el destino de los recursos, los saldos pendientes y los impactos obtenidos mediante indicadores cuantitativos, cuya verificación técnica corresponde a revisores externos independientes.

El uso de los recursos para fines distintos a los establecidos constituye un incumplimiento que puede derivar en requerimientos de información, hechos relevantes, suspensión de nuevas emisiones o procedimientos administrativos sancionadores si se divulga información falsa.