República Dominicana avanza al Nivel 2 en informe de EE. UU. sobre trata de personas

El Gobierno de la República Dominicana ascendió al Nivel 2 en el más reciente informe de la Embajada de Estados Unidos sobre los esfuerzos globales contra la trata de personas, reflejando un avance significativo en su lucha contra este delito. Este posicionamiento, publicado recientemente, reconoce el cumplimiento parcial de los estándares mínimos para la eliminación de la trata, impulsado por reformas legislativas, acciones judiciales y programas de protección.

Entre las medidas destacadas, se modificó la Ley 137-03 contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas para eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude y coacción en casos que involucran a menores de edad, alineando la normativa nacional con los estándares internacionales, particularmente en situaciones de explotación sexual. Asimismo, se aprobó y financió con recursos del Estado el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028, que establece una hoja de ruta estratégica para los próximos años.

En el ámbito judicial, las autoridades iniciaron 229 investigaciones por trata de personas y procesaron a 50 sospechosos bajo la ley especial. El informe resalta además la depuración institucional, con la investigación de ocho funcionarios presuntamente cómplices y la apertura de procesos judiciales contra tres de ellos, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad.

En prevención e inspección laboral, el Ministerio de Trabajo realizó 1,050 inspecciones en sectores vulnerables como la agricultura, la construcción y la industria azucarera, lo que permitió suspender las actividades de 11 empresas privadas tras detectar indicios de trabajo forzoso. Paralelamente, un programa piloto de registro migratorio formalizó a más de 7,400 trabajadores mediante contratos laborales, reduciendo su vulnerabilidad y garantizando su libertad de movimiento.

En asistencia y protección, se identificaron 136 víctimas de trata, de las cuales 134 recibieron atención integral financiada por el Estado, incluyendo servicios médicos, psicológicos, asesoría legal y traducción. Se mantuvo la operación de refugios especializados mediante la coordinación entre la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el CONANI, garantizando la protección de víctimas y testigos durante los procesos judiciales, respaldada por campañas preventivas multilingües y capacitaciones constantes al personal de seguridad.