Reforma policial en República Dominicana: múltiples actores en un proceso complejo

La reforma de la Policía Nacional en República Dominicana tiene como jefe formal al presidente Luis Abinader, pero su ejecución involucra una red de instituciones y actores que dificulta identificar una única autoridad responsable del proceso.

El diseño institucional distribuye responsabilidades entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Interior y Policía, el Comisionado Ejecutivo para la Reforma Policial y la propia Policía Nacional, a los que se suman equipos técnicos y consultores externos que han participado en distintas fases del proyecto.

Esta multiplicidad de actores ganó relevancia tras la salida del mayor general Andrés Cruz Cruz de la Dirección General de la Policía, apenas meses después de asumir el cargo, pese a que parte de su gestión estuvo vinculada con la continuación del proceso de transformación institucional.

La reforma nació como un proyecto tutelado desde el Palacio Nacional. El Decreto 2-22 estableció una Comisión Ejecutiva presidida por el jefe de Estado y dispuso que el comisionado ejecutivo dependiera directamente del Presidente de la República, atribuyéndole la responsabilidad de "dirigir e implementar todos los planes y acciones" de reforma y profesionalización policial.

Actualmente, ese cargo lo ocupa el general retirado colombiano Luis Ernesto García Hernández, quien mantiene su funciones oficiales y participa en reuniones gubernamentales relacionadas con seguridad ciudadana y transformación institucional.

Sin embargo, García Hernández no es el único actor con influencia sobre el proceso. El Ministerio de Interior y Policía, liderado por Faride Raful, ha adquirido un rol cada vez más relevante. Los Decretos 370-24 y 371-24 colocaron bajo su dependencia la comisión para revisar la Ley Orgánica de la Policía y reorganizaron la gobernanza del proceso de reforma, modernización y transformación policial.

En la práctica, el ministerio ejerce la conducción de la política de seguridad ciudadana y supervisa aspectos vinculados con el desempeño policial. En julio pasado, Raful reiteró públicamente que el Gobierno no desistirá de transformar la institución, colocando la transparencia, la supervisión y la actuación frente a los abusos policiales entre los componentes centrales del proceso.

La propia ministra ha definido la reforma como "la transformación más profunda experimentada por la Policía Nacional en sus más de 90 años de existencia".

Una reforma también desde dentro de la institución. En marzo de este año, el general Esteban Figuereo García, además de ocupar la Subdirección General de la Policía, fue colocado al frente de la Dirección de Transformación Policial, desde donde impulsa los procesos de modernización, profesionalización y fortalecimiento institucional.

Esto significa que actualmente coexisten al menos tres niveles identificables: la conducción política desde el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Interior y Policía, la coordinación transversal del comisionado ejecutivo y la ejecución interna desde la estructura de la Policía Nacional.

A ellos se suman comisiones especializadas. En febrero pasado, el presidente Abinader creó mediante el Decreto 118-26 otra comisión especial para acompañar a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en la elaboración de los reglamentos derivados del proyecto de modificación de la Ley Orgánica policial. Esa comisión es coordinada por Servio Tulio Castaños Guzmán y tiene como comisionado ejecutivo al propio García Hernández.

Participación internacional en el proceso. Durante 2025, representantes del Tony Blair Institute for Global Change participaron junto con funcionarios del Gobierno y el alto mando policial en la evaluación de metas, avances y obstáculos de proyectos considerados prioritarios dentro de la reforma.

En una de esas reuniones intervinieron una comisión técnica de la Vicepresidencia, representantes del Ministerio de Interior y Policía y el entonces director general de la Policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, con el objetivo declarado de determinar el apoyo requerido desde el centro del Gobierno para garantizar la ejecución de las iniciativas de transformación.

La presencia de asesores externos puede aportar experiencia internacional, metodología y conocimientos especializados, pero también obliga a establecer con claridad dónde termina la asesoría y dónde comienza la autoridad de quienes constitucional y legalmente tienen la responsabilidad de dirigir la Policía.

El director ejecuta, pero no controla todo. El director general es quien tiene que administrar diariamente una institución de decenas de miles de miembros, enfrentar la delincuencia y responder ante los casos de conducta inadecuada, pero su autoridad está limitada por la estructura de poder compartido que caracteriza el actual modelo de reforma.