Reforma policial avanza pero persisten denuncias de corrupción y uso excesivo de la fuerza

La reforma de la Policía Nacional avanza en el Congreso, pero en las calles persiste una pregunta incómoda: si los cambios legales serán suficientes para recuperar la confianza ciudadana. La institución enfrenta una crisis de legitimidad marcada por denuncias de corrupción interna, cuestionamientos por abuso de poder, muertes en operativos y dudas sobre su capacidad para prevenir el delito.

Para especialistas en seguridad pública, el deterioro no se debe únicamente a hechos aislados. Cada nuevo escándalo refuerza una percepción acumulada: la de una institución que anuncia reformas, suspende agentes y promete investigaciones, pero que aún no logra convencer a la ciudadanía de que el cambio llegó a los destacamentos, patrullajes y operativos.

En los barrios, la eficacia policial no se mide solo por estadísticas oficiales. También se evalúa con experiencias cotidianas: denuncias que no avanzan, patrullajes tardíos, crímenes sin respuesta y operativos que, en lugar de llevar tranquilidad, generan temor, según han denunciado líderes comunitarios.

Una fuente interna de la institución policial consultada por Acento sostiene que la falta de recursos tecnológicos de vanguardia, la capacitación insuficiente de algunos agentes y la ausencia de estrategias integrales han debilitado la capacidad de respuesta de la Policía Nacional. Ese vacío alimenta la desconfianza ciudadana y empuja a muchos sectores a buscar alternativas de protección.

La corrupción dentro de la Policía Nacional también erosiona su credibilidad. Fuentes consultadas advierten que las denuncias por sobornos, vínculos con redes delictivas, tráfico de armas, narcotráfico y otras prácticas ilícitas han profundizado la desconfianza ciudadana.

Investigaciones recientes del Ministerio Público y de organismos antidrogas han identificado estructuras vinculadas al tráfico internacional de drogas y al lavado de activos. En uno de los casos, varios agentes policiales son investigados por el presunto "tumbe" de drogas en San Cristóbal. Estos expedientes aumentan la preocupación por la posible penetración del crimen organizado en áreas sensibles del Estado y debilitan la autoridad moral de quienes deben hacer cumplir la ley.

El abuso de poder y el uso de la fuerza son otros puntos críticos. Para activistas de derechos humanos, el caso de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, muerto durante una intervención policial en Herrera, Santo Domingo Oeste, volvió a colocar en el centro del debate nacional los límites de la actuación policial y la necesidad de controles efectivos.

En este caso, el Ministerio Público obtuvo un año de prisión preventiva contra el cabo José Francisco Moreta Heredia, señalado por homicidio voluntario. Otros miembros de la patrulla fueron suspendidos o siguen bajo investigación. Para muchas familias, el hecho deja un mensaje inquietante: la autoridad llamada a proteger también puede convertirse en amenaza.

El sociólogo Cándido Mercedes, en un artículo publicado este miércoles en Acento, destaca que desde 1997 hasta el 3 de julio de 2026 la Policía Nacional ha matado a 7,135 seres humanos. Indica que el 77 % de esos casos ha sido fruto y expresión del abuso de poder, cristalizado como intercambio de disparos.

Más alarmante aún es que, desde el inicio del Gobierno de Abinader, en agosto de 2020, hasta el 3 de julio de este año, la Policía registra un total de 956 personas que han perdido la vida a manos de quienes están llamados a defenderlas en los territorios públicos.

Las reacciones externas han sido contundentes. Organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos y líderes comunitarios han reclamado investigaciones independientes, sanciones ejemplares y una transformación estructural que vaya más allá de los relevos de mando.

Jason Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Santo Domingo Este, condenó la muerte de Mercado Reyes y pidió a las autoridades profundizar las investigaciones y controlar los abusos policiales. Partidos como Alianza País, Frente Amplio y Opción Democrática también han sostenido que estos hechos no pueden tratarse como casos aislados, sino como síntomas de una cultura institucional que requiere cambios de fondo.

En medio de ese debate, la Fuerza del Pueblo (FP), liderada por el expresidente Leonel Fernández, solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría especial al fideicomiso destinado a la transformación y profesionalización de la Policía Nacional. La petición busca transparentar el uso de los fondos públicos asignados a la reforma policial entre 2020 y 2026.

La organización política se refirió, entre otros períodos, a los presupuestos ejecutados entre 2024 y 2025, que superaron los RD$ 8,000 millones, y cuestionó que, pese a esos recursos, el proceso de reforma policial haya mostrado avances limitados y resultados insuficientes frente a los problemas estructurales de la institución.

Las fuentes consultadas coinciden en que las denuncias de ineficacia, corrupción y abuso policial persisten como obstáculos para la consolidación de una reforma efectiva y creíble.