Recursos ante el TC no impiden entrada en vigencia del nuevo Código Penal dominicano

El abogado Harold Modesto aseguró que los recursos de inconstitucionalidad presentados ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la Ley 74-25, que instituto el nuevo Código Penal dominicano, no impiden su entrada en vigencia, prevista para el 3 de agosto, tras las modificaciones promulgadas por el Poder Ejecutivo.

Según explicó el jurista, corresponderá al Tribunal Constitucional determinar los efectos de los recursos, en caso de que sean admitidos para conocimiento. "El tribunal tendrá la última palabra en cuanto al ejercicio de los derechos y la constitucionalidad de los enunciados, y podrá establecer si los efectos son inmediatos o diferidos", indicó Modesto.

Antecedentes judiciales respaldan esta postura, ya que el TC ha conocido previamente acciones contra normas penales, como el Código Penal de 2014, declarado inconstitucional, y la Ley 10-15, que reformó el Código Procesal Penal. "Ya tenemos experiencia con estos procedimientos; el curso seguirá siendo el mismo", explicó el abogado.

El director del Observatorio Judicial Dominicano (OJD) de Funglode añadió que será necesario analizar si las modificaciones introducidas al Código Penal podrían dejar sin objeto algunos de los recursos interpuestos, lo que requeriría un proceso de revisión y sistematización.

Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Modesto, quien también es secretario general del Defensor del Pueblo, destacó que el aplazamiento de estos artículos permitirá avanzar en la adaptación del sector empresarial. Para que una empresa demuestre que no incurrió en responsabilidad penal, deberá contar con un programa de cumplimiento eficaz que evidencie las medidas preventivas adottas.

"Esto será sujeto a evaluación por parte de los actores involucrados y los jueces", sostuvo. La implementación requiere una adaptación del ecosistema empresarial dominicano, por lo que se consideró necesario diferir la aplicación de estos artículos.

Este proceso fortalecerá el diálogo existente alrededor de la Ley contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo antes de avanzar hacia una nueva fase de aplicación normativa. Las pequeñas empresas tendrán una aplicación más simplificada, mientras que las grandes compañías asumirán mayores responsabilidades en materia de programas de cumplimiento.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista realizada por el periodista Roberto Cavada.