Recortes sociales en Argentina: el impacto del ajuste fiscal en grupos vulnerables

Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, Argentina ha experimentado un profundo ajuste en sus políticas públicas, afectando especialmente a los sectores más vulnerables de la población. Según un relevamiento realizado por el colectivo La Cocina de los Cuidados, 48 de las 50 políticas públicas existentes fueron desmanteladas o desfinanciadas, dejando sin apoyo a millones de personas en situación de pobreza, ancianos, discapacitados y niños.

El centro comunitario Arco Iris, ubicado en el barrio Danubio Azul del sur del conurbano bonaerense, ejemplifica esta realidad. Antes abierto todos los días, hoy solo atiende tres veces por semana debido a la escasez de recursos y personal. Norma Morales, quien vive en el barrio desde hace 30 años, relata que cada vez tienen menos compañeras y menos capacidad para sostener actividades como la entrega de comida, el acompañamiento en casos de violencia de género o la ayuda en trámites para adultos mayores.

Los recortes han tenido un impacto directo en programas clave. La suspensión de la entrega gratuita de medicamentos para afiliados al Programa de Atención Médica Integral (Pami), que cubre a más de cinco millones de jubilados, representa una de las medidas más controvertidas. Además, las pensiones por invalidez han perdido un 12% de su valor real entre 2023 y 2025, mientras que el número de beneficiarios se redujo drásticamente: solo se aprueba una de cada diez nuevas solicitudes.

Otra medida significativa fue la eliminación del Plan Potenciar Trabajo, que beneficiaba a más de un millón y medio de personas. Este programa ofrecía el 50% del salario mínimo, vital y móvil a cambio de tareas coordinadas por cooperativas, como la limpieza de espacios públicos. Actualmente, el salario mínimo está fijado en aproximadamente 250 dólares, un monto que no llega a cubrir ni siquiera la cuarta parte de la canasta básica de alimentos para una familia de cuatro personas, cuyo costo supera los 1000 dólares según datos oficiales.

La carga del ajuste recae desproporcionadamente sobre las mujeres, quienes dedican un promedio de 6,4 horas diarias a tareas domésticas y de cuidado, según un estudio del Cippec. Muchas de ellas, como Morales, forman parte de la economía informal o combinan trabajos precarios: ella integra una cooperativa textil con 13 compañeras y los fines de semana vende ropa usada en ferias barriales para complementar sus ingresos.

El contexto macroeconómico agrava la situación. El crecimiento del trabajo informal, la precarización y los bajos ingresos afectan incluso a quienes tienen empleo formal: un 20% de los trabajadores registrados gana salarios por debajo de la línea de pobreza, según un estudio del Instituto de Economía Política de la UBA. Este deterioro ha llevado a un aumento significativo del endeudamiento familiar, con la morosidad en los créditos quintuplicada en los últimos 18 meses.

Organizaciones como La Cocina de los Cuidados, con sede en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), advierten que, aunque la sociedad civil puede organizarse para monitorear y proponer alternativas, muchas soluciones requieren intervención estatal. Como señala la economista Lucía Cirme, coordinadora del colectivo, el congelamiento del salario mínimo afecta a la mayoría de las políticas sociales, que están indexadas a ese valor.