Puerto Rico declara emergencia por sequía y activa a la Guardia Nacional

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, declaró estado de emergencia este viernes para gestionar los recursos hídricos de la isla ante una sequía que afecta aproximadamente al 60 % del territorio. La medida incluye la activación de la Guardia Nacional para apoyar en la distribución, transporte y purificación de agua potable en las zonas más afectadas.

El objetivo principal es coordinar la respuesta de las agencias públicas frente a la disminución de precipitaciones y la presión sobre los embalses principales. Aunque las autoridades indicaron que la mayoría de los reservorios aún se mantienen en niveles de seguridad o cerca de niveles considerados seguros, se busca mitigue de capacidad de recuperación.

Dos órdenes ejecutivas respaldan la declaración de emergencia. La primera instruye al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) para concentrar sus esfuerzos en las áreas con mayores problemas de disponibilidad de agua. Estas entidades deberán identificar fondos estatales y federales, priorizar el uso de agua potable para consumo humano y servicios básicos, y adquirir equipos como cisternas, tanques y depósitos para almacenamiento y distribución.

La segunda orden autoriza la movilización de la Guardia Nacional para colaborar en tareas logísticas relacionadas con el agua, incluyendo su transporte, distribución y purificación. El cuerpo militar estatal asistirá a las agencias civiles en zonas donde la sequía genere mayores dificultades para garantizar el acceso al recurso.

Las autoridades establecieron reuniones periódicas para monitorear los niveles de precipitación, el comportamiento de los embalses y la efectividad de las medidas adoptadas. Según el Monitor de Sequía de Estados Unidos, el 24,8 % del territorio puertorriqueño se encuentra bajo condiciones de sequía severa, mientras que un 36 % presenta sequía moderada.

La sequía severa implica déficit prolongado de lluvias, reducción del caudal de ríos, disminución de reservas en embalses, riesgos para la producción agrícola y posibles restricciones al consumo. Durante la emergencia, el gobierno también podrá establecer controles temporales sobre los precios de productos, materiales y servicios considerados esenciales.

La situación se enmarca en un contexto de variaciones climáticas que han alterado los patrones de lluvia en el Caribe. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que el fenómeno de El Niño podría contribuir, entre agosto y octubre, a temperaturas superiores al promedio mundial y modificaciones en los regímenes de precipitaciones, agravando la escasez hídrica en regiones insulares.

Puerto Rico depende de una red de embalses para abastecer gran parte del consumo doméstico y agrícola, pero los períodos prolongados sin lluvias reducen su capacidad de recuperación. La emergencia plantea desafíos para la planificación climática y la inversión en infraestructura hídrica, especialmente ante la creciente frecuencia de eventos extremos vinculados al cambio climático.