Proyecto de ley de patrimonio dominicano genera preocupación por falta de difusión

El proyecto de ley para la Protección y Adquisición del Patrimonio Cultural de la República Dominicana avanza en su segunda lectura en el Congreso Nacional, pero su contenido y alcance permanecen desconocidos para gran parte de la población y hasta para actores clave del sector cultural.

Según el texto legislativo, los propietarios de bienes heredados considerados patrimoniales tendrán un plazo de un año para declararlos ante el Ministerio de Cultura. El incumplimiento de esta obligación podría acarrear una multa de entre 3 y 6 salarios mínimos del sector público, tal como lo ilustra el caso de doña Carmen, una vecina de Moca de 74 años que posee una tinaja de barro de más de 200 años, heredada de generaciones anteriores y utilizada para enfriar agua y guardar frutas.

El proyecto, que lleva meses en discusión parlamentaria y ha pasado por comisiones, establece en su Capítulo IX un régimen de sanciones que algunos expertos califican de excesivo. Entre las penas previstas figuran: multas de 50 a 100 salarios mínimos por destrucción intencional de bienes patrimoniales, de 20 a 50 por exportación no autorizada, de 20 a 40 por colocar carteles en monumentos y de 3 a 6 por no declarar un bien heredado dentro del plazo establecido.

Sin embargo, la principal crítica que surge no es tanto el contenido de la ley, sino su falta de socialización. Gestores culturales de ciudades como Santiago, San Pedro de Macorís y Barahona admiten desconocer los detalles del proyecto, pese a que serán los encargados de explicarlo a comunidades y ciudadanos. Organizaciones como Acento.com.do han alertado sobre esta situación, señalando la paradoja de avanzar con una de las reformas culturales más ambiciosas de las últimas décadas sin que los sectores involucrados la conozcan.

El gestor cultural Danilo Ginebra fue uno de los primeros en advertir públicamente sobre esta brecha informativa. Su alerta puso en evidencia que ni los artistas, ni los dueños de casas coloniales, ni las comunidades portadoras de tradiciones declaradas patrimonio de la humanidad han sido consultados ni informados adecuadamente sobre el alcance de la norma.

Además de las sanciones, el proyecto incluye disposiciones valoradas por el sector, como la repatriación de piezas exportadas ilegalmente, el reconocimiento del patrimonio subacuático y incentivos fiscales para el mecenazgo cultural. No obstante, se observa un desequilibrio entre la precisión de las medidas punitivas y la vaguedad de los mecanismos de participación ciudadana, particularmente en lo concerniente a las comunidades que mantienen vivas tradiciones como los Congos de Villa Mella, los palos del sur o el gagá.

La ley establece que los fondos recaudados por multas se destinarán exclusivamente a la preservación del patrimonio, pero no especifica cómo se garantizará el acceso a esos recursos en provincias donde falta infraestructura cultural especializada, como restauradores o centros de conservación adecuados.

El debate abierto gira en torno a un principio fundamental: no se puede exigir cumplimiento de normas que no han sido explicadas, debatidas ni difundidas. Mientras el proyecto continúa su trámite legislativo, crece la preocupación entre gestores, artistas y comunidades sobre el impacto real de una ley que, aunque bien intencionada, podría quedar vacía de contenido si no se acompaña de una verdadera campaña de socialización y participación.