Proyecto de ley busca unificar y fortalecer la protección del patrimonio cultural dominicano

El Senado de la República Dominicana avanza en la segunda lectura del Proyecto de Ley para la Protección y Adquisición del Patrimonio Cultural, una iniciativa que busca modernizar y unificar el marco legal que rige los bienes culturales del país, actualmente fragmentado y desactualizado.

La propuesta, impulsada en un contexto de vacío legislativo, pretende establecer por primera vez una clasificación formal y exhaustiva del patrimonio nacional en cuatro categorías: monumental, inmaterial, arqueológico y subacuático. Asimismo, otorga al Ministerio de Cultura la rectoría sobre todos estos bienes, regulando excavaciones, estableciendo mecanismos para la recuperación de piezas exportadas ilegalmente y fijando sanciones para quienes degraden o roben la identidad histórica del país.

El proyecto introduce tres cambios estructurales clave en la gestión del patrimonio:

1. El Estado como árbitro central: Por primera vez, todas las decisiones sobre declaratorias, intervenciones y permisos de excavación quedarán concentradas en el Ministerio de Cultura, con respaldo del Congreso y el Poder Ejecutivo.
2. El sector privado como socio y potencial competidor: La ley habilita a particulares a poseer, transferir y hasta excavar bienes patrimoniales bajo supervisión estatal. Además, crea un mecanismo de mecenazgo con beneficios fiscales, permitiendo que donaciones al Ministerio de Cultura para financiar programas de patrimonio se deduzcan del impuesto sobre la renta, según el Artículo 63 y el Código Tributario dominicano.
3. Las comunidades reconocidas pero sin poder de decisión: Aunque el texto nombra a las comunidades como creadoras y portadoras del patrimonio inmaterial, no les otorga mecanismos vinculantes de consulta ni gestión directa sobre sus propios bienes culturales, un punto criticado por expertos como el gestor cultural Danilo Ginebra, quien ha señalado que la iniciativa avanza sin la participación adecuada de especialistas, académicos y comunidades locales.

El patrimonio cultural dominicano incluye desde la Zona Colonial de Santo Domingo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1990, hasta sitios taínos, fortalezas coloniales, tradiciones orales como los Congos de Villa Mella (Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad desde 2001), el merengue, el palo, el gagá y la tradición del atabales, así como un rico patrimonio subacuático con centenares de naufragios coloniales en el Mar Caribe.

Según datos oficiales, el turismo cultural y patrimonial representa una fracción creciente de los más de 10 millones de visitantes anuales que recibe el país. La Zona Colonial sigue siendo uno de los destinos urbanos más visitados de la región, mientras que el patrimonio subacuático ha sido objeto de disputas legales internacionales y expediciones no siempre autorizadas.

Una de las novedades más significativas del proyecto es la protección legal explícita de los naufragios y yacimientos en el fondo marino, cerrando un vacío que había permitido saqueos y extracciones no reguladas durante siglos. Además, el texto incluye mecanismos para la repatriación de bienes exportados ilícitamente, una herramienta utilizada con éxito por países como México, Perú y Grecia.

Si bien cuantificar el valor económico del patrimonio es complejo, su importancia estratégica es indiscutible: sustenta industrias creativas, festivales y una identidad nacional que el país exporta al mundo. Hasta ahora, ninguna ley había intentado proteger todo este legado bajo un mismo paraguas jurídico.

El proyecto, actualmente en segunda lectura en el Congreso Nacional, representa un intento de lograr coherencia, claridad y mayor eficacia en la persecución de delitos contra el patrimonio. Sin embargo, su éxito dependerá de cómo se equilibren los intereses del Estado, el sector privado y las comunidades portadoras de la cultura.