Procuraduría solicita prórroga de 4 meses para acusar a exdirector de Senasa y nueve imputados

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó este martes al juez de instrucción una prórroga de cuatro meses para presentar la acusación formal contra Santiago Hazim, exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), y otros nueve imputados en el caso que investiga una presunta estafa millonaria contra el Estado dominicano.

La solicitud fue presentada por Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, y Mirna Ortiz, titular de la PEPCA, ante la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero. El caso será remitido al juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien deberá notificar a las defensas y fijar una audiencia para conocer la petición.

Junto a Hazim figuran como imputados Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma. Los cinco primeros permanecen en prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, mientras que Ledesma cumple arresto domiciliario.

También forman parte del grupo de imputados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes se encuentran bajo arresto domiciliario tras haber admitido ante el tribunal el pago de sobornos a Hazim y otros funcionarios de Senasa, lo que les permitió acceder a esta medida coercitiva.

Según el Ministerio Público, la red operó entre 2020 y 2025 y se le acusa de haber defraudado al Estado dominicano por un monto inicial de más de 15,000 millones de pesos, cifra que investigaciones posteriores han elevado a más de 19,000 millones, afectando directamente el sistema público de riesgos de salud.

Los delitos atribuidos incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos y falsificación y uso de documentos falsos.

La Procuraduría reiteró que el caso permanece abierto y que, además de los actuales arrestados, otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación, lo que podría derivar en nuevas imputaciones en los próximos meses.