Procuradora general advierte que cada peso robado al Estado afecta a todos los ciudadanos

Yeni Berenice Reynoso Gómez, procuradora general de la República, advirtió que el desvío de recursos públicos mediante actos de corrupción no es un delito sin víctimas, sino que afecta directamente los derechos y la calidad de vida de toda la población dominicana.

Durante la conferencia magistral "Hacia una gestión pública íntegra: prevención y lucha contra la corrupción", pronunciada en el acto inaugural del Foro de Contratación Pública encabezado por el presidente Luis Abinader, Reynoso sostuvo que cada peso del patrimonio público que se sustrae deja de ir a hospitales, centros educativos, infraestructura y desarrollo nacional, lo que repercute en servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

"Si el patrimonio público es de todos, sustraerlo nos convierte a todos y todas en víctimas"

La titular del Ministerio Público enfatizó que el patrimonio público pertenece a toda la sociedad, por lo que su desviación mediante corrupción genera un daño colectivo que trasciende las instituciones estatales y impacta directamente en la vida digna, el desarrollo personal y la igualdad de oportunidades de los ciudadanos.

Reynoso advirtió que ninguna política eficaz de combate al crimen puede alcanzar resultados óptimos si no incluye una lucha integral contra la corrupción, respaldada por mecanismos sólidos de prevención y detección temprana.

Destacó el papel clave de organismos como la Dirección General de Contrataciones Públicas y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental en la prevención de irregularidades, resaltando que la vigilancia anticipada es fundamental para proteger los recursos del Estado.

Además, señaló que los servidores públicos involucrados en actos de corrupción enfrentan consecuencias graves, incluyendo la posible inhabilitación permanente para ejercer funciones en la administración pública.

El Foro de Contratación Pública, en cuya apertura se dio la conferencia, tiene como objetivos analizar los cambios introducidos por la Ley 47-25, incluyendo el nuevo régimen sancionador, la supervisión preventiva, la articulación entre organismos de control e investigación y el papel de la sociedad civil en la fiscalización de las compras públicas.

La agenda del foro también aborda temas como gobernanza, competencia, recuperación del patrimonio público y prevención del fraude, con la participación de instituciones como la Contraloría General de la República, ProCompetencia, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la Oficina de Recuperación de Patrimonio y organizaciones de la sociedad civil.