Procompetencia investiga seis sectores por posibles prácticas anticompetitivas

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia) está analizando seis sectores clave de la economía nacional para determinar si existen prácticas que afecten las condiciones de competencia, con el objetivo de formular recomendaciones de política pública o medidas correctivas cuando corresponda.

Durante su participación en el Encuentro Económico HOY, la presidenta del Consejo Directivo de Procompetencia, María Elena Vázquez Taveras, explicó que la entidad está levantando información mediante formularios socializados con asociaciones empresariales y entidades estatales como la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA), para elaborar informes de abogacía en los mercados de comercios chinos, marcas blancas, pacas, mudanceras, couriers y telecomunicaciones.

En el caso de los comercios chinos, Procompetencia recibió una solicitud de una asociación empresarial y ya diseñó un formulario que ha sido difundido entre gremios y autoridades vinculadas al comercio exterior y fiscal. Sobre las marcas blancas, la entidad espera las respuestas al cuestionario utilizado para el levantamiento de información y planea realizar un estudio de condiciones de competencia para determinar su impacto en el mercado y proponer posibles ajustes regulatorios o legales.

Además, Procompetencia prepara estudios sobre el sector de las mudanceras y el fraccionamiento de mercancías mediante couriers, utilizando el límite de los 200 dólares como referencia. También tiene previsto un estudio sobre las pacas, a solicitud de la mesa de comercio de Meta RD 2036, para identificar distorsiones que puedan estar afectando la competencia en estos tres rubros.

Otro de los enfoques centrales es el sector de las telecomunicaciones, donde se realizará un estudio de condiciones de competencia con el apoyo técnico y financiero del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Paralelamente, la institución tiene casi listo un estudio similar para el sector de la construcción, específicamente enfocado en los mercados de varillas y cemento.

Vázquez Taveras aclaró la distinción entre los informes de abogacía, que buscan analizar mercados y formular recomendaciones de políticas públicas o cambios legislativos, y la defensa de la competencia, que corresponde a investigaciones sobre conductas específicas como colusión o abuso de posición dominante. “Realizamos estas investigaciones en los mercados para hacer recomendaciones de políticas públicas, de modificación legislativa, de mejoras en la práctica”, puntualizó.

En materia de defensa de la competencia, Procompetencia mantiene siete investigaciones abiertas por posibles casos de colusión en compras y contrataciones públicas. En 2024 emitió la primera sanción de la historia del país por colusión en compras públicas. Actualmente tiene un caso en estado de fallo, próximo a salir, y otro admitido a trámite que aún no ha sido conocido en audiencia. Además, la entidad creó la alerta ‘semáforo colusorio’, una herramienta diseñada para detectar tempranamente riesgos de colusión en los procesos de contratación estatal y prevenir prácticas anticompetitivas.