Posponen nuevamente decisión sobre extinción penal en caso Medusa

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional pospuso por segunda vez la decisión sobre la solicitud de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador Jean Alain Rodríguez, principal acusado en el caso Medusa. El tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar Arias, retrasó el fallo hasta el próximo lunes debido a que las juezas aún no han concluido su deliberación sobre los argumentos planteados por ambas partes.

La defensa de Rodríguez alega vencimiento de plazos procesales, argumentando que el proceso judicial supera los cinco años en los tribunales, excediendo el límite máximo de cuatro años establecido por el Código Procesal Penal Dominicano. El equipo legal, liderado por el abogado Carlos Balcácer, sostiene que dicha situación justifica la extinción de la acción penal por prescripción.

El Ministerio Público se opone a la solicitud y pide al tribunal que la rechace, argumentando que los retrasos en el proceso han sido provocados por las propias acciones de la defensa. Según la acusación, desde la iniciación de la investigación en 2021, la defensa ha presentado múltiples incidentes y recursos con el objetivo de dilatar el avance del caso.

El caso Medusa involucra un presunto desfalco superior a los RD$6,000 millones en perjuicio del Estado dominicano. La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) acusa a Jean Alain Rodríguez de fraudes relacionados con el Comité de Compras y Contrataciones de la Procuraduría General de la República durante su gestión entre 2016 y 2020, además de sobornos, lavado de activos y otros delitos.

Wilson Camacho, director de Persecución del Ministerio Público, expresó confianza en que el tribunal rechazará la solicitud, citando la existencia de cientos de pruebas que respaldan los cargos contra el exfuncionario. El proceso judicial comenzó formalmente el 13 de julio de 2021, cuando un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó medidas de coerción contra los implicados.

La defensa presentó formalmente la solicitud de extinción el 16 de febrero, tras varios incidentes judiciales que fueron rechazados por el tribunal el 27 de julio. Desde entonces, el caso permanece en espera de una resolución que podría definir su futuro procesal.