Policía Nacional pagó RD$7.38 millones a asesores sin constancias de trabajo

La Cámara de Cuentas reveló que la Policía Nacional pagó RD$7.38 millones en asesorías entre 2020 y 2022 sin presentar registros de asistencia ni constancias de las tareas realizadas por once funcionarios designados en cargos de confianza.

El hallazgo forma parte de una investigación financiera sobre los presupuestos institucionales, en la que se verificó que los desembolsos no pudieron vincularse a servicios efectivamente prestados ni a necesidades operativas debidamente identificadas, debido a la falta de documentación respaldatoria.

Algunos de los asesores recibieron remuneraciones superiores al salario de un mayor general, como Alejandro Dipré Sierra (RD$2.85 millones) y Pedro Taveras Núñez (RD$1.38 millones), mientras que otros percibieron montos que variaron entre RD$60,000 y RD$840,000.

Los cargos asignados incluyeron Asesor II, Asesor III, asesor policial del Poder Ejecutivo y puestos de apoyo en áreas educativa, legal, tecnológica y de relaciones públicas, según el anexo 34 del informe fiscalizador.

La Cámara de Cuentas citó el Decreto 20-22, que establece el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional y define al personal de confianza como aquellos que brindan asesoramiento especial o asistencia directa a funcionarios de alto nivel, con libre nombramiento y remoción por parte del director general.

Sin embargo, el órgano auditor invocó la Ley 105-13 sobre Regulación Salarial del Estado Dominicano, que prohíbe remuneraciones especiales, incentivos o gastos de representación por integrar órganos asesores o consultivos dentro del sector público, configurando una posible infracción normativa.

Como recomendación, la Cámara de Cuentas solicitó al director general instruir a la Dirección de Recursos Humanos y al Departamento de Nómina para documentar las razones de las incorporaciones, identificar las necesidades institucionales y elaborar reportes mensuales sobre las tareas ejecutadas por el personal asesor.

En respuesta, los exdirectores generales Ney Aldrin de Jesús Bautista Almonte y Eduardo Alberto Then explicaron que cada titular nombra a sus asesores en las plazas disponibles y que estos cumplen funciones similares a las de los miembros activos de la institución, con atribuciones consignadas en los memorandos de nombramiento.

Los exfuncionarios afirmaron que nueve de los servidores fueron incluidos en la nómina de empleados temporales por el director general de turno, tras validación del Ministerio de Administración Pública, y que la responsabilidad de documentar y reportar corresponde a la Dirección General y a Recursos Humanos, no al Departamento de Nómina.

Tras evaluar la respuesta institucional, los auditores mantuvieron su criterio, indicando que la entidad no suministró evidencias para subsanar la condición detectada, aunque aceptó la recomendación formulada.

La Cámara de Cuentas concluyó que los hechos implicaron incumplimientos del Decreto 20-22 y de la Ley 105-13, configurando una actuación culposa con daño al patrimonio de la entidad y relación de causalidad establecida.