Policía investiga presunto pago de RD$50,000 por asesinato de dirigente comunitario en Los Alcarrizos

La Policía Nacional investiga un presunto pago de RD$50,000 por el asesinato del dirigente comunitario José Frank Valerio, ocurrido el pasado viernes 14 de agosto en Hato Nuevo, Los Alcarrizos. La investigación, liderada por agentes policiales en coordinación con el Ministerio Público, busca esclarecer las circunstancias del homicidio y determinar la posible existencia de un financiamiento detrás del crimen.

José Frank Valerio, de 52 años, fue atacado a tiros mientras se encontraba sentado en una parada de motoconchos. Según las autoridades, el ataque fue perpetrado por individuos que se desplazaban en una motocicleta negra, tal como se observa en las grabaciones de cámaras de seguridad analizadas durante las pesquisas.

Como resultado de las investigaciones iniciales, fueron detenidos mediante orden judicial Saulo Keli Núñez (alias "Pelota"), de 22 años, y Wander Javier Piña del Pozo, de 27, en cumplimiento de la orden No. 2026-AJ0070405. Además, Eddy Manuel Arias Recio (alias "Tata" o "Capullo") fue detenido mediante orden de allanamiento y arresto.

Las autoridades también identificaron como presuntos involucrados a José Enrique Corniel Jerez (alias "Iker"), Fraudi Antonio Rosario Castillo (alias "La Tata") y Daivy Red, quienes permanecen prófugos y son objeto de una intensa búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.

Según los avances preliminares de la investigación, Saulo Keli Núñez habría sido el encargado de localizar a la víctima y comunicar su paradero a los demás implicados. Por su parte, Eddy Manuel Arias Recio habría conducido la motocicleta en la que se desplazaban los agresores, mientras que José Enrique Corniel Jerez sería el presunto autor de los disparos que le causaron la muerte a Valerio.

En el lugar del hecho, los agentes recolectaron cinco casquillos calibre 9 milímetros, y los técnicos de la Policía Científica recuperaron una funda negra que contenía prendas de vestir que, según las imágenes de videovigilancia, habrían sido utilizadas durante la comisión del crimen.

Los detenidos y las evidencias recogidas serán puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal. Mientras tanto, las autoridades persisten en los esfuerzos para capturar a los prófugos, establecer el vínculo entre los participantes y determinar quién habría realizado el supuesto pago de RD$50,000 por la ejecución del dirigente comunitario.