PETT identifica zonas críticas de trata en RD y refuerza lucha contra redes criminales
La PETT identificó zonas críticas de trata en RD, incluyendo áreas turísticas como Sosúa y Punta Cana, y refuerza su lucha contra redes criminales, especialmente en entornos digitales.
Ana María Guzmán
Editora de Salud
La Procuraduría Especializada contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (PETT) ha identificado las principales estructuras criminales dedicadas a la trata de personas en República Dominicana, cuyas operaciones se concentran en zonas turísticas y urbanas clave del país.
Según informó la titular de la PETT, Yoanna Bejarán, estas redes operan principalmente en el Gran Santo Domingo, Santiago, Puerto Plata (especialmente en Sosúa), San Pedro de Macorís, La Romana, Samaná, la zona fronteriza y las áreas de Bávaro y Punta Cana en La Altagracia.
Bejarán aclaró que el alto número de casos judicializados en estas regiones no refleja necesariamente una mayor presencia delictiva, sino el enfoque estratégico del Ministerio Público para desarticular estructuras criminales profundamente arraigadas.
Intervenciones y estrategias en puntos críticos
La procuradora destacó la implementación de la Operación Atlántico en Sosúa, que combina el uso de la fuerza pública con acciones de articulación social y programas de prevención en centros educativos. Asimismo, se están desarrollando estrategias en Boca Chica para incentivar la denuncia comunitaria y fortalecer la capacitación de miembros de la Policía Nacional y auxiliares de justicia.
Se resaltó el trabajo de la Red de Asistencia Legal a Víctimas de Trata, impulsado por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, con el objetivo de brindar protección y asistencia jurídica gratuita a víctimas en condición de vulnerabilidad.
Lucha contra la trata en entornos digitales
La PETT también ha fortalecido su unidad especializada para investigar la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en entornos digitales, incluyendo redes sociales, aplicaciones de mensajería y la dark web. Se están desarrollando capacidades tecnológicas para detectar, preservar, analizar y judicializar evidencias digitales.
"En la investigación criminal contemporánea no basta con reaccionar al delito; debemos anticiparlo, comprender su arquitectura y desmantelar su economía", indicó Bejarán.
Agregó que "la ciencia, la tecnología, la inteligencia, el intercambio de información y la integridad son hoy nuestras armas más poderosas contra la criminalidad organizada".
Evolución de las modalidades de trata
Aunque la explotación sexual sigue siendo la modalidad más frecuente de trata de personas en el país, las redes criminales han diversificado sus métodos hacia el cibercrimen, la suplantación de identidad para la venta de recién nacidos y la utilización de menores de edad en actividades delictivas.
República Dominicana opera simultáneamente como país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata. Las estructuras criminales, integradas por ciudadanos dominicanos, colombianos, venezolanos y haitianos, captan a sus víctimas mediante falsas ofertas de empleo, engaños sentimentales y otras formas de manipulación.
Una de las modalidades de mayor crecimiento es la trata a través de plataformas digitales como WhatsApp, Telegram, Instagram y Facebook, donde los tratantes simulan relaciones sentimentales para ganar la confianza de las víctimas y luego las coaccionan para obtener contenido sexual explícito o transmisiones en vivo mediante webcam.
Las investigaciones han detectado la captación de niños, niñas y adolescentes cuyo material de explotación sexual es comercializado en el extranjero por redes de pedofilia, en algunos casos con participación de familiares. Además, se han identificado casos donde menores son utilizados como señuelos o "mulas" para la distribución de sustancias controladas o para participar en atracos y actos de sicariato.
El Ministerio Público recordó que la reciente modificación de la Ley 137-03 sobre Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes establece que los menores de edad carecen de capacidad legal para consentir este tipo de conductas, por lo que no es necesario demostrar el uso de la fuerza, la coacción o el abuso de poder para configurar el delito.
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Ana María Guzmán
Editora de Salud
Periodista especializada en salud pública y bienestar. Colaboradora de organizaciones de salud en el Caribe. Máster en Comunicación Científica.
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