Perú aprueba ley que traslada juicios de policías y militares a tribunales castrenses

El Congreso peruano promulgó una norma que excluye a policías y militares de la justicia común cuando cometen delitos durante el ejercicio de sus funciones, generando preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos que advierten sobre riesgos de impunidad.

La ley, publicada este martes en el diario oficial El Peruano, establece que no podrán seguirse simultáneamente procesos penales en la jurisdicción ordinaria y en la jurisdicción militar policial contra un mismo agente cuando los hechos y los sujetos investigados sean idénticos. Asimismo, otorga prioridad al fuero castrense para el enjuiciamiento de estas personas.

El texto fue impulsado por el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, del partido fujimorista, luego de que venciera el plazo para que el presidente interino, José María Balcázar, ordenara su publicación. La norma entra en vigencia inmediatamente tras su difusión en el medio oficial.

Esta medida se suma a otras iniciativas promovidas por el mismo legislador, como la amnistía a policías, militares y civiles vinculados a comités de autodefensa procesados por delitos cometidos durante el conflicto armado interno contra grupos subversivos como Sendero Luminoso y el MRTA.

También se relaciona con una norma que crea el delito de lesa humanidad con efecto no retroactivo, impidiendo el procesamiento de violaciones de derechos humanos ocurridas antes de su establecimiento en el ordenamiento jurídico peruano.

Organizaciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) y Amnistía Internacional (AI) han expresado su rechazo sucesivo a estas reformas, advirtiendo que podrían consolidar un marco de impunidad para agentes estatales responsables de delitos graves, incluyendo posibles crímenes de lesa humanidad.

Los críticos señalan que la concentración de jurisdicciones en tribunales militares y policiales, compuestos por miembros de las mismas instituciones, debilita la independencia judicial y reduce las garantías de un debido proceso imparcial en casos de abusos por parte de las fuerzas del orden.