Pepca solicita prisión preventiva para 25 implicados en desvío de más de 40 millones de pesos del SeNaSa

El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para 25 personas involucradas en la Operación Cobra 2.0-A, parte de la investigación contra el desvío de fondos públicos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Mirna Ortiz, procuradora de corte y titular de la Pepca, encabezó el equipo fiscal que depositó la solicitud, acompañada por el procurador de corte Héctor García y los fiscales Rosa Alba García, Yudelka Holguín, Ernesto Guzmán Alberto, Alexis Piña Echavarría y Emmanuel Ramírez. Además, se pidió declarar el caso como proceso complejo debido a la pluralidad de hechos, víctimas e implicados.

La investigación ha cuantificado un desvío superior a los 40 millones de pesos del Estado, realizado en complicidad con profesionales de la salud y empleados de ARS estatales. Entre los imputados figuran médicos, exfuncionarios del SeNaSa y personas vinculadas al sector salud, incluidos Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova, Lucreisy Polanco Núñez y Einstein Rafael Borromé Valdez.

También se incluyen en la acusación a los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, así como a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.

La Operación Cobra 2.0-A incluyó 37 allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Cotuí y La Vega, con la participación de 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional, 16 miembros de la Unidad de Investigaciones Criminales y el apoyo de la Dirección Nacional de Investigación (DNI).

Esta fase constituye la tercera operación vinculada al desvío de fondos del SeNaSa dentro de la investigación más amplia conocida como Operación Cobra, que previamente había llevado al arresto de Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa, y otros coimputados en su primera etapa.

Según declaró Mirna Ortiz tras depositar la solicitud, el Ministerio Público continuará ampliando sus investigaciones:

"Hasta el momento son personas físicas. Pero, como ustedes saben, nuestras investigaciones suelen ampliarse y apenas estamos comenzando".

Asimismo, añadió que esta acción refleja una de varias líneas de investigación sobre distintas modalidades de desfalco al SeNaSa.

El tribunal ahora deberá fijar la audiencia para conocer la medida de coerción solicitada. El Ministerio Público mantiene su objetivo de sancionar penalmente a los responsables y recuperar los fondos sustraídos al patrimonio público.