Pepca presenta acusación por sobornos de RD$108 millones en contratación de seguridad pública

El Ministerio Público presentó una acusación formal contra 14 personas físicas y jurídicas por un esquema de sobornos que supera los RD$108 millones, destinado a favorecer la contratación de servicios de seguridad privada en diversas instituciones públicas del país.

La instancia fue depositada ante la jueza coordinadora de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Se espera que, en las próximas horas, la jueza asigne un juzgado de instrucción para conocer el juicio preliminar.

Entre los imputados figuran Quilvio Bienvenido Rodríguez González, representante de Servicio Nacional de Seguridad Integral S.R.L. (Senase); Carlos Ambrosio Robles Díaz, exdirector de seguridad de EdeSur; Francisco Guarín Fernández Vásquez, exdirector de seguridad del Inaipi; y Ramón Quezada Ortiz, del Departamento de Seguridad de EdeEste. También fueron acusados Andrés Pacheco Varela y Bolívar Nicolás Fernández Espinal, exencargados de seguridad de EdeNorte Dominicana; Wellington Peralta Santos, exasistente del encargado de seguridad del Inaipi; y Luis Ernesto Vicioso Bocio, exdirector de seguridad de EdeEste.

Además, se incluye en la acusación a Elías Caamaño Pérez, excoordinador de Seguridad Patrimonial de SeNaSa, y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar. Las personas jurídicas acusadas son las empresas Servicios Senase y El Niño Prodigio EIRL, propiedad de Rodríguez González; y Magestym Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL, vinculadas a Bolívar Nicolás Fernández Espinal y Miguelina Antonia Rosario Sánchez.

Según el expediente, los sobornos identificados ascienden a RD$108,080,359.92, pagados mediante transferencias bancarias y entregas en efectivo a funcionarios de instituciones públicas. Estos pagos tenían como objetivo asegurar la adjudicación y permanencia de contratos a favor de Senase, manipulando los procesos de supervisión y recepción de servicios.

Los funcionarios acusados, responsables de vigilar el cumplimiento de los contratos, recibían los sobornos a cambio de mantener vigentes las contrataciones, agilizar trámites administrativos y permitir la ejecución de los servicios sin objeciones ni fiscalización efectiva, lo que configuró un esquema de corrupción institucionalizada.

La investigación, iniciada tras una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), reveló una red criminal que, durante los períodos 2012-2020 y 2020-2025, drenó fondos públicos mediante la manipulación de contratos y el pago sistemático de sobornos. Este esquema permitió a las empresas acusadas operar con impunidad, beneficiándose de recursos estatales mediante mecanismos fraudulentos.

Durante la Operación Lobo, realizada en julio de 2025, el Ministerio Público arrestó a militares y civiles vinculados a la estructura delictiva. Los implicados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos.