PEPCA niega acuerdos en caso Senasa y aplaza audiencia al 5 de agosto

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) aseguró que no existen acuerdos con los imputados del caso conocido como Caso Cobra o Caso Senasa, tras la revisión de medidas de coerción en el Centro de Corrección Las Parras.

La procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la PEPCA, declaró al término de la audiencia que el Ministerio Público no ha suscrito ningún acuerdo con los procesados en este expediente, pese a las solicitudes de algunos imputados de aplazar la vista para preparar su defensa.

Según explicó Ortiz, varios acusados solicitaron el aplazamiento para disponer de más tiempo y obtener el presupuesto correspondiente a Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de Senasa, con el fin de presentarlo como parte de sus argumentos de defensa. El tribunal acogió la petición, considerándola un derecho de las partes, y reprogramó la audiencia para el 5 de agosto.

La procuradora reiteró su postura institucional, señalando que, aunque en este caso no hay acuerdos, el Ministerio Público mantiene una actitud favorable hacia estos mecanismos cuando se ajustan a la ley: "En este Ministerio Público no tiene ningún acuerdo, pero nosotros somos proacuerdo", afirmó.

Imputados y cargos en el caso Senasa

Los acusados en este proceso son: Santiago Hazim, señalado como presunto cabecilla del entramado; Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.

El órgano acusador les imputa los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.

Origen y magnitud del presunto fraude

El caso tiene su origen en la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público develó, a finales de 2025, un presunto esquema de corrupción administrativa que habría operado durante años en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), la aseguradora estatal que brinda cobertura a millones de dominicanos de bajos recursos.

Según la evidencia documental presentada por la PEPCA, el perjuicio causado a las reservas técnicas de Senasa asciende a RD$ 15,921 millones, producto de la manipulación de procesos financieros, falsificación de documentos y ejecución de pagos irregulares.

La acusación indica que Hazim Albainy, quien dirigió Senasa desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, habría monopolizado la prestación de servicios de atención primaria a favor de empresas vinculadas al Grupo Read, con contratos que superarían los 22 mil millones de pesos. Se afirma que recibía el 90% de los sobornos pagados por las empresas proveedoras, exigiendo que los pagos se realizaran en dólares estadounidenses.

En diciembre de 2025, tres de los imputados confesaron ante el juez haber pagado sobornos a Hazim y otros funcionarios, lo que el Ministerio Público calificó como un elemento clave para fortalecer la acusación.

Desarrollos futuros y postura del gobierno

El caso no está cerrado. En marzo de 2026, Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, confirmó que se prepara una segunda fase, denominada Senasa 2.0, con el sometimiento de nuevos implicados.

El presidente Luis Abinader se ha constituido como actor civil en el proceso y ha reiterado públicamente que los responsables "tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado".

De confirmarse los cargos, los imputados podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión, además de multas millonarias e inhabilitación para ejercer funciones públicas.