PEPCA detiene a 22 médicos en segunda fase del caso SeNaSa 2.0

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) detuvo a 22 médicos durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del país, vinculados a la segunda fase de la investigación conocida como caso SeNaSa 2.0. Los operativos, ejecutados con órdenes de arresto y allanamiento emitidas por un juez de la Instrucción del Distrito Nacional, incluyeron registros en residencias, consultorios, clínicas y otros establecimientos relacionados con profesionales de la salud.

Los médicos detenidos fueron trasladados a la Procuraduría General de la República para ser interrogados por un equipo de la PEPCA, acompañado de agentes policiales, en relación con presuntas irregularidades en reclamaciones y facturaciones de servicios al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa). Según las autoridades, esta etapa busca ampliar las pesquisas iniciadas previamente con la Operación Cobra, que en diciembre de 2025 resultó en la detención del exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, y otros imputados actualmente bajo medidas de coerción.

El Ministerio Público atribuye a las maniobras investigadas un impacto superior a RD$15,000 millones sobre las reservas de SeNaSa, aunque aclaró que las distintas cantidades mencionadas en el expediente corresponden a conceptos diferentes y no deben sumarse como un único monto defraudado. La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, había señalado en agosto que la investigación permanecía activa, con análisis de millones de transacciones y documentación para determinar responsabilidades adicionales.

La segunda fase del caso SeNaSa 2.0 no se limita a funcionarios o administradores de la ARS estatal, sino que puede alcanzar a otros actores vinculados con las operaciones investigadas, incluyendo prestadores de salud externos. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido un informe oficial que identifique formalmente a los médicos detenidos, detalle las conductas específicas que se les atribuyen o precise el monto involucrado exclusivamente en esta etapa.

Las autoridades continúan los allanamientos de manera simultánea en diversas localidades, con el objetivo de obtener documentación, registros y dispositivos electrónicos relacionados con las presuntas irregularidades. Las informaciones sobre los detenidos y sus posibles responsabilidades permanecen sujetas al debido proceso judicial y al desarrollo de la investigación en curso.