Cómo los partidos minoritarios dominicanos sobreviven mediante alianzas y financiamiento estatal

En la República Dominicana, la supervivencia de muchos partidos políticos no depende exclusivamente de su capacidad para ganar elecciones, sino de mecanismos institucionales que les permiten mantenerse activos pese a contar con un respaldo electoral limitado. Estos partidos, aunque no logran posicionarse como mayoritarios, acceden a recursos públicos, cargos estatales y visibilidad política mediante alianzas estratégicas con organizaciones más grandes.

El modelo se basa en conservar la personería jurídica, superar umbrales mínimos de votación y negociar su inclusión en boletas de partidos mayoritarios. A cambio de aportar su estructura territorial, siglas y una cantidad marginal de votos, reciben financiamiento estatal, candidaturas compartidas y, en caso de victoria de la alianza, acceso a cargos en el ámbito público.

Este mecanismo se hizo más visible tras la sentencia TSE/0010/2025 del Tribunal Superior Electoral, que reinterpretó el concepto de “última elección” para calcular el financiamiento público. La Junta Central Electoral (JCE) aplicó este criterio en resoluciones posteriores, redefiniendo cómo se distribuyen los recursos entre las organizaciones políticas.

Para el ciclo electoral 2026, la JCE destinó RD$1,620 millones a 41 partidos políticos. De este monto, RD$1,296 millones fueron asignados a los tres partidos mayoritarios, RD$194.4 millones a cinco partidos con entre 1% y menos de 5% de votación, y RD$129.6 millones a organizaciones por debajo del 1% que mantuvieron su personería jurídica.

La diferencia en financiamiento es significativa: mientras un partido por debajo del 1% recibe aproximadamente RD$3.9 millones anuales, uno que supera esa barrera puede acceder a RD$38.88 millones. Esto significa que una décima de punto porcentual puede traducirse en decenas de millones de pesos y una mayor capacidad de negociación con los partidos grandes.

Históricamente, este flujo de recursos ha sido sustancial. En el ciclo 2016-2020, los partidos que obtuvieron entre 1% y 5% se repartieron alrededor de RD$1,103.5 millones, mientras aquellos con entre 0.01% y 1% recibieron cerca de RD$735.7 millones del erario público.

Más allá del financiamiento directo, el verdadero valor de estos partidos radica en su capacidad para facilitar el acceso al poder. Tras las elecciones, sus dirigentes suelen ocupar posiciones en ministerios, direcciones generales, consulados, embajadas y otras instituciones del Estado, incluso cuando su partido obtuvo pocos votos.

Ejemplos recientes ilustran esta práctica: Eduardo Estrella, de Dominicanos por el Cambio, fue designado ministro de Obras Públicas; Luis Miguel De Camps, presidente del PRSD, ocupó los ministerios de Trabajo y Educación; Julio César Valentín, de Justicia Social, fue nombrado en la Superintendencia de Seguros; y Milton Morrison, de País Posible, dirigió EDESUR y luego el Intrant.

Otros casos incluyen a Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna (Partido Cívico Renovador) en Desarrollo Fronterizo, Élsido Díaz (Partido Democrático Alternativo) y Max Puig (Alianza por la Democracia) en el Consejo Nacional para el Cambio Climático. Estos nombramientos demuestran cómo la lealtad política en una alianza puede traducirse en influencia institucional duradera.

El fenómeno no implica necesariamente ilegalidad, pero sí revela un sistema en el que la representación electoral no es el único camino para incidir en la gestión pública. Para los partidos grandes, estos aliados menores son útiles en contiendas cerradas, donde incluso un 0.5% puede ser decisivo. Para los pequeños, ofrecen una vía de supervivencia y acceso al poder sin necesidad de lograr una base electoral amplia.

En síntesis, la política dominicana cuenta con un segmento de partidos que, aunque no aspiran a gobernar solos, mantienen su relevancia mediante el trueque de votos marginales por recursos, visibilidad y cargos. Este arreglo, mientras esté dentro del marco legal, plantea preguntas sobre la relación entre el financiamiento estatal, la representación real y el acceso al poder en la democracia dominicana.