Organizaciones sociales rechazan expulsión de diplomáticos cubanos y vinculan medida a presión de EE.UU.

Más de una docena de organizaciones sociales, feministas, sindicales y de izquierda rechazaron la decisión del Gobierno dominicano de retirar a nueve miembros de la misión diplomática cubana y sus familiares, calificando la medida como ilegal, injustificada y contraria al Derecho Internacional. En un comunicado fechado el jueves 20 de agosto en Santiago de los Caballeros, las entidades cuestionaron la falta de explicación oficial por parte del presidente Luis Abinader sobre las razones detrás de la expulsión.

Entre los firmantes del documento se encuentran el Partido Comunista del Trabajo (PCT), la Unión Clasista de Trabajadores (UCT), el Movimiento Feminista Hermanas Mirabal y la Coalición de Organizaciones Sociales y Populares del Cibao. Las organizaciones sostienen que, ante la ausencia de una justificación pública, la decisión responde a presiones del gobierno de Estados Unidos, específicamente de la administración de Donald Trump y el senador Marco Rubio.

"La decisión ha sido dictada por mandato directo de la administración de Donald Trump y de Marco Rubio", afirma el comunicado, acusando al Gobierno dominicano de actuar como "un instrumento dócil" de la política estadounidense hacia Cuba.

Las organizaciones invocaron el marco jurídico internacional para respaldar su posición, citando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y las reiteradas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que rechazan el bloqueo económico contra Cuba. Según el texto, la expulsión viola principios fundamentales del derecho diplomático y la soberanía estatal.

El comunicado hizo un llamado a ciudadanos, intelectuales, artistas y trabajadores para expresar su rechazo a la medida y defender los vínculos históricos entre República Dominicana y Cuba. La reacción se produjo después de que el Gobierno dominicano solicitara el retiro de nueve diplomáticos cubanos y sus familiares, quienes abandonaron el país el 16 de agosto.

Hasta el momento, las organizaciones firmantes no han presentado evidencia concreta que demuestre una orden directa del gobierno de Estados Unidos, aunque el comunicado atribuye explícitamente la medida a la administración Trump. El Gobierno dominicano no ha emitido una declaración detallada que explique los motivos de la declaración de persona non grata a los funcionarios cubanos.