ONU revela que bandas haitianas pierden terreno pero mantienen poder y control de rutas clave

Un informe del Panel de Expertos de las Naciones Unidas revela que, aunque las operaciones de seguridad han reducido el control territorial de las bandas armadas en Puerto Príncipe del 85 % al 70 %, estas organizaciones conservan una considerable capacidad de operación y siguen controlando rutas estratégicas hacia la frontera con República Dominicana.

El documento, correspondiente al año 2026, reconoce los avances de las fuerzas de seguridad haitianas, apoyadas por unidades militares, contratistas internacionales y fuerzas multinacionales, en la recuperación de espacios previamente ocupados por grupos criminales. Sin embargo, advierte que estos resultados son frágiles y que recuperar territorio militarmente no equivale a establecer un control estatal permanente.

Las bandas han demostrado una alta capacidad de adaptación, desplazándose a otras localidades y reorganizando sus estructuras tras las intervenciones. En zonas como Bel-Air, la banda Grand Ravine ha aumentado su influencia pese a las operaciones previas, mientras que en el suroeste de Puerto Príncipe han surgido nuevos puestos de control ilegales tras el desplazamiento de grupos armados desde el centro de la capital.

En Carrefour, dirigentes de bandas y otros actores criminales continúan operando, incluso utilizando sucursales bancarias para realizar transacciones vinculadas al pago de rescates. Además, las organizaciones delictivas mantienen el control de importantes carreteras nacionales, lo que les permite obtener ingresos mediante el cobro ilegal de peajes, la extorsión a transportistas y el control del movimiento de mercancías.

El departamento del Centro representa un foco de preocupación particular, donde las bandas 400 Mawozo y Canaan conservan influencia sobre localidades estratégicas y rutas que conducen hacia la frontera dominicana. Estas vías son utilizadas no solo para el transporte de mercancías, sino también como una fuente importante de ingresos para las organizaciones criminales, lo que representa un desafío para las autoridades haitianas y un factor de preocupación para República Dominicana debido a la proximidad de estas estructuras armadas a su territorio.

El informe también señala que la alianza criminal Viv Ansanm, que durante más de dos años permitió la coordinación de numerosas bandas, ha experimentado divisiones y enfrentamientos internos, principalmente por el control territorial y la distribución de ingresos ilícitos. Entre el 6 de marzo y el 31 de julio de 2026, estos conflictos en Cité Soleil y la llanura de Cul-de-Sac dejaron 613 muertos y 375 heridos, además de provocar desplazamientos poblacionales y numerosos abusos contra civiles, incluyendo actos de violencia sexual.

En Bajo Artibonito, bandas como Gran Grif, Kokorat San Ras y Canaan protagonizaron ataques coordinados de intensidad excepcional contra diversas comunidades. El Panel identifica además un entramado de relaciones con actores políticos, económicos y de seguridad que facilita financiación, recursos, protección e información a las organizaciones criminales, lo que dificulta las investigaciones, favorece la impunidad y permite que los dirigentes evadan las operaciones policiales.

Por ello, el Panel advierte que enfocar las acciones únicamente en neutralizar a los líderes criminales resulta insuficiente si no se desarticulan las redes que sustentan sus actividades. A pesar de los avances en operaciones de seguridad, Naciones Unidas concluye que Haití continúa enfrentando serias dificultades para restablecer la autoridad estatal, limitadas por la escasez de personal y recursos en la Policía Nacional.