ONU advierte que el aparato represivo en Venezuela permanece intacto pese a excarcelaciones

La Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtió este miércoles que, pese a mejoras limitadas, el aparato represivo del Estado venezolano responsable de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad permanece intacto, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026.

En su informe sobre la situación del país durante 2026, la misión reconoce avances como la disminución significativa de detenciones de larga duración y desapariciones forzadas, la excarcelación de cientos de personas detenidas por motivos políticos y un margen algo mayor para protestas y actividades de la sociedad civil.

No obstante, las leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras y no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los colectivos, fuente permanente de intimidación y violencia.

Al menos 19 funcionarios identificados en informes previos como responsables de graves violaciones de derechos humanos continúan ocupando puestos clave en el régimen, mientras que entre 300 y 500 personas permanecen detenidas por motivaciones ideológicas, según datos de organizaciones no gubernamentales.

La misión documentó 64 nuevos casos de tortura desde el 3 de enero, incluyendo métodos como intubación forzada y confinamiento prolongado en cisternas subterráneas (apodado «la máquina del tiempo») en la prisión de máxima seguridad El Rodeo I, así como confinamiento en celdas similares a fosas subterráneas en Fuerte Guaicaipuro, con privación de alimentos, exposición al frío y otras condiciones degradantes.

Aunque unas 200 de las 214 detenciones arbitrarias por motivos políticos denunciadas en los últimos 12 meses ocurrieron antes de la captura de Maduro, tras el 3 de enero se ha identificado un patrón recurrente de arrestos de corta duración para intimidar a activistas, opositores y periodistas.

Sofía Macher, nueva presidenta de la misión y experta peruana, advirtió que «la reducción de algunas de las formas más severas de represión es significativa, pero de ninguna manera constituye una transformación del sistema que las hizo posibles» y agregó que «mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible».

Alex Neve, miembro canadiense de la misión, pidió a Estados Unidos y otros actores influyentes intensificar sus esfuerzos para promover cambios reales en materia de derechos humanos, pero advirtió que sus acciones «no deben contribuir a más violaciones ni facilitar la comisión de crímenes internacionales».

Junto al informe anual, la misión presentará este viernes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un estudio sobre los grupos civiles armados conocidos como colectivos, concluyendo que no son organizaciones marginales, sino parte central del aparato represivo estatal, cuya consolidación durante los gobiernos de Maduro y Chávez respondió a «una estrategia política orientada a fortalecer las bases de apoyo mediante violencia y coacción».