ONU acusa a EE.UU. de crímenes de guerra en Irán y al régimen iraní de lesa humanidad

La Misión de Investigación de la ONU para Irán ha presentado un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el que asegura existir motivos razonables para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra durante los bombardeos realizados el 28 de febrero, primer día de la ofensiva contra territorio iraní.

Según el documento, los ataques estadounidenses contra una escuela en Minab y una zona residencial en Lamerd, ambas en el sur de Irán, constituyen violaciones del derecho internacional humanitario. En Minab, el bombardeo causó la muerte de más de 150 personas, entre ellas alrededor de 120 menores. La misión concluye que se trató de un ataque indiscriminado realizado con conocimiento del riesgo civil y de forma deliberada e imprudente.

En el caso de Lamerd, el ataque impactó un centro deportivo, una escuela primaria adyacente y edificios residenciales, dejando al menos 22 muertos. Se utilizó un misil PrSM que dispersó aproximadamente 180.000 fragmentos de tungsteno sobre una amplia zona, lo que, según el informe, imposibilitó la discriminación entre objetivos militares y civiles, violando así los principios de proporcionalidad y distinción del derecho internacional humanitario.

Acusaciones contra Irán por crímenes de lesa humanidad

Respecto a las acciones de las autoridades iraníes, la misión afirma que la represión violenta de las protestas ocurridas entre finales de 2025 y principios de 2026 constituye crímenes de lesa humanidad, incluyendo asesinato, encarcelamiento, tortura y otros actos inhumanos dirigidos contra la población civil.

Durante esas protestas, las fuerzas de seguridad iraníes utilizaron fuerza letal contra manifestantes y transeúntes, incluidos niños, lo que provocó una escalada sin precedentes en el uso de violencia respecto a campañas represivas anteriores. Aunque no se proporciona una cifra total de víctimas, el informe confirma que al menos 221 niños murieron durante la represión.

Además, se documentó el uso de armas y municiones fuera de los parámetros autorizados, así como detenciones arbitrarias, hostigamiento en hospitales y la obstrucción intencional al acceso a atención sanitaria esencial, incluso impidiendo tratamientos urgentes.

Según datos de las autoridades iraníes, en los días 8 y 9 de enero fallecieron 3.117 personas durante la represión, aunque organizaciones como HRANA (con sede en Estados Unidos) estiman que el número supera los 7.000 muertos. Tras la represión, entre marzo y agosto de 2026, al menos 29 hombres fueron ejecutados por su participación en las protestas tras juicios acelerados, y otras 70 personas permanecen en riesgo de ejecución.

El informe advierte que la población civil iraní se encuentra atrapada entre las violaciones cometidas por su propio gobierno y el conflicto mortal con Estados Unidos e Israel. Por ello, se insta a ambos Estados a poner fin a las violaciones, ofrecer garantías de no repetición y proporcionar reparaciones a las víctimas y al Estado afectado.