ONGs demandan al gobierno de Trump por sanciones a la Corte Penal Internacional

Cuatro organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda ante un tribunal federal de Estados Unidos para impugnar las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional (CPI). Las organizaciones American Friends Service Committee, Center for Constitutional Rights, Open Society Institute y Human Rights Watch argumentan que las medidas constituyen un ataque flagrantemente ilegal contra la justicia internacional y deben ser anuladas.

La demanda, presentada ante el tribunal del distrito sur de Nueva York, impugna la orden ejecutiva emitida por Trump el 6 de febrero de 2025, que autoriza sanciones contra funcionarios, jueces y otras personas que colaboran con la CPI en investigaciones por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Las ONG sostienen que las sanciones vulneran derechos constitucionales como la libertad de expresión, asociación y religión, además de infringir la legislación estadounidense y las obligaciones del país bajo el derecho internacional.

Según los demandantes, las sanciones exceden las facultades presidenciales y se basan en una supuesta "emergencia nacional" sin fundamento real. Andrew Loewenstein, abogado principal de Foley Hoag LLP, señaló que la acción legal busca poner fin a un régimen de sanciones que viola tanto el derecho internacional como la legislación estadounidense, incluidos los derechos fundamentales de expresión y religión.

Contexto de las investigaciones de la CPI y reacciones internacionales

La Corte Penal Internacional, establecida en 2002 bajo el Estatuto de Roma y con sede en La Haya, ha iniciado 18 investigaciones en distintos países, incluyendo Afganistán, Libia, Filipinas, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán y Ucrania. Destaca particularmente la investigación sobre Palestina, que condujo a órdenes de detención contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y lesa humanidad en Gaza.

El 13 de julio de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una escalada en la campaña gubernamental para "desmantelar" la CPI, que incluye un uso más amplio de sanciones y presiones sobre países miembros para que abandonen la institución. Este movimiento coincide con declaraciones del secretario de Defensa Peter Hegseth en Panamá, quien instó a los países de la coalición antidrogas liderada por Washington a retirarse de la CPI.

Repercusiones y posicionamiento de las organizaciones demandantes

Joyce Ajlouny, secretaria general del American Friends Service Committee, advirtió que los esfuerzos de Estados Unidos por debilitar la CPI tienen consecuencias más allá de las personas y organizaciones directamente afectadas. Según Ajlouny, la orden de Trump busca intimidar a defensores de derechos humanos y disuadir el apoyo a quienes promueven el respeto por los derechos fundamentales, constituyendo una afrenta para víctimas y supervivientes de crímenes de guerra y genocidio.

La CPI ha enfrentado retiros o anuncios de retiro desde 2017 por parte de Burundi, Filipinas, países del Sahel africano (Burkina Faso, Chad, Níger y Malí) y, recientemente, Venezuela. El Estatuto de Roma ha sido adoptado por 125 naciones, incluyendo Palestina, mientras que Estados Unidos, China, India, Israel, Rusia, Cuba y Nicaragua están entre los que no lo han ratificado.

En junio de 2026, tres jueces de la CPI sancionados por la administración Trump presentaron una demanda separada contra el presidente y otros altos funcionarios estadounidenses, considerando las medidas en su contra como ilegales.