Nuevo director de la Policía Nacional impulsa reforma y exige declaración jurada a mandos

El mayor general Ernesto Rodríguez García, nuevo director de la Policía Nacional, reiteró que la reforma institucional de la fuerza del orden aún depende de la aprobación de su marco legal para avanzar con mayor efectividad.

Durante una visita de cortesía al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, el alto mando policial explicó que, aunque el proceso de transformación ha comenzado, requiere de una legalidad consolidada para garantizar un mejor desenvolvimiento institucional. Destacó la urgencia de modernizar la Ley 590-16, norma que rige actualmente a la institución.

"Una reforma que ha iniciado, pero que espera de una legalidad para un mejor desenvolvimiento institucional"

Rodríguez García también se reunió con el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, aunque dicho encuentro no estuvo abierto a la prensa. En ambas ocasiones, estuvo acompañado por el subdirector, general Esteban Figuereo, y el inspector general, general Martín Miguel Tapia.

Como parte de sus primeras disposiciones, el director ordenó a los directores y comandantes departamentales presentar una declaración jurada ante la Cámara de Cuentas. Les otorgó un plazo de 30 días, contado desde el 22 de agosto, que vence el 21 de septiembre. Advirtió que el incumplimiento podría derivar en destitución y sanciones, recordando que todos los miembros policiales son empleados públicos sujetos a rendición de cuentas.

Estas acciones se enmarcan en un esfuerzo más amplio de reforma policial. El 8 de diciembre del año anterior, el Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley de más de 300 artículos ante el Congreso Nacional. Tras siete meses de estudio en una comisión senatorial, el texto fue aprobado el 10 de julio. Sin embargo, la legislatura ordinaria concluyó el 26 de julio, impidiendo que la Cámara de Diputados lo revisara a tiempo.

Como resultado, el proyecto quedó en estado de perimida y debe ser reintroducido ante una secretaría legislativa. Actualmente, el Congreso analiza dos proyectos de ley relacionados mediante una comisión bicameral, cuyo dictamen será determinante para el futuro de la reforma policial.