Nuevo Código Penal entra en vigencia sin reformas pendientes de publicación

Desde este lunes 3 de agosto de 2026, el nuevo Código Penal entra formalmente en vigencia en todo el territorio nacional, marcando el fin de una legislación con más de 141 años de historia. Sin embargo, según información oficial conocida por Listín Diario, las reformas aprobadas recientemente no aplican de inmediato, generando confusión entre operadores jurídicos y ciudadanos.

La entrada en vigor es parcial: mientras el texto base del Código Penal, aprobado el año pasado, ya es obligatorio, las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados y el Senado permanecen suspendidas hasta su publicación en la Gaceta Oficial. Esto se debe a que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo aún elabora dicha edición, que se difundirá primero en formato digital y luego impreso.

Según el artículo 1 del Código Civil, las reformas solo serán obligatorias tras cumplirse los plazos legales posteriores a su publicación. Mientras tanto, quien cometa un delito a partir de hoy será juzgado bajo el texto anterior, salvo cuando la versión reformada le resulte formalmente más favorable, en cuyo caso se aplicará la norma más beneficiosa al imputado.

Esta situación genera una aplicación territorialmente desfasada: las reformas entrarán primero en vigor en el Distrito Nacional y posteriormente en el resto del país, incluyendo la provincia de Santo Domingo. Para resolver este inconveniente, recientemente se sometió al Congreso Nacional un proyecto de ley para modificar el artículo 1 del Código Civil y agilizar la promulgación de futuras reformas.

Aplicación de la ley y principio de irretroactividad

Conforme al artículo 393 de la Ley 74-25, los tribunales nacionales están habilitados desde hoy para juzgar bajo las decenas de nuevas figuras penales incluidas en el texto base. No obstante, el artículo 110 de la Constitución dominicana establece la irretroactividad de la ley: las normas solo tienen efecto para el porvenir, salvo cuando sean favorables al imputado o al condenado.

Esto significa que los expedientes en curso no se verán afectados automáticamente por el nuevo marco penal, respetando el principio de seguridad jurídica y el derecho a un juicio basado en las leyes vigentes al momento de los hechos.

Cambios pendientes de publicación

Entre las reformas que entrarán en vigor tras su publicación en la Gaceta Oficial figuran ajustes sensibles en materia de:

• Libertad de expresión
• Responsabilidad penal de personas jurídicas
• Delitos contra menores
• Corrupción administrativa
• Medicina y ética profesional

Algunas modificaciones específicas incluyen:

• Estafa agravada: penas de 5 a 10 años de prisión, incluyendo la venta o promesa de bienes en plano tras recibir pagos.
• Difusión de audios o imágenes sin consentimiento (Art. 192): sanción de hasta un año, solo cuando ocurra en ámbito privado o exista expectativa razonable de confidencialidad.
• Reducción de penas: en perjurio (Art. 207) de 5-10 a 2-5 años; en difamación (Art. 208) de 2-5 a 1-2 años.
• Excepción en difamación e injuria (Art. 211): no se considerarán delitos las críticas a corrupción, políticas públicas o servicios públicos si se basan en elementos probatorios o verificación razonable.

Seguimiento y futura evaluación del marco penal

Para dar seguimiento al proceso y canalizar revisiones, el presidente Luis Abinader conformó una comisión integrada por juristas, abogados y periodistas. Entre sus miembros destacan:

• Milton Ray Guevara, jurista y expresidente del Tribunal Constitucional
• Leyda Margarita Piña Medrano
• Pedro Balbuena
• Ricardo Rojas León
• Julio César Castaños Guzmán
• Luz Díaz
• José Lorenzo Fermín
• Eduardo Jorge Prats
• Alejandro Moscoso Segarra
• Persio Maldonado
• Aníbal de Castro

Esta mesa de trabajo evaluará futuras mejoras al marco normativo penal, con el objetivo de garantizar coherencia, eficacia y respeto a los derechos fundamentales.