Salud

Nuevo Código Penal dominicano restringe recetas médicas por WhatsApp

La Ley 74-25 de la República Dominicana penaliza la emisión de recetas médicas por WhatsApp y otras plataformas digitales, exigiendo consultas presenciales para evitar responsabilidad penal por negligencia profesional.

Ana María Guzmán

Ana María Guzmán

Editora de Salud

miércoles, 5 de agosto de 20263 min de lectura
Nuevo Código Penal dominicano restringe recetas médicas por WhatsApp
Nuevo Código Penal dominicano restringe recetas médicas por WhatsApp

El nuevo Código Penal de la República Dominicana (Ley 74-25), en vigencia desde el 3 de agosto de 2026, ha generado un cambio significativo en la práctica médica al penalizar ciertas formas de atención no presencial, incluyendo la emisión de recetas médicas mediante plataformas digitales como WhatsApp.

La norma introduce disposiciones que elevan la responsabilidad penal de los profesionales de la salud, particularmente en casos de homicidio y lesiones culposas por imprudencia o negligencia profesional. Bajo este marco, un error médico —real o percibido— puede derivar en sanciones penales agravadas, más allá de la responsabilidad civil tradicional.

Entre los artículos más relevantes para la práctica clínica se encuentran aquellos que exigen el cumplimiento estricto del deber de cuidado profesional, requiriendo historia clínica, examen físico y evaluación directa como condiciones mínimas para cualquier acto médico. Esto implica que recetar medicamentos o modificar tratamientos únicamente mediante mensajes de texto, audio o imágenes enviadas por WhatsApp podría interpretarse como una violación a dicho deber.

Asimismo, las disposiciones sobre falsedad documental y emisión irregular de certificados complican la validez legal de informes, resultados de estudios o certificados médicos emitidos sin el respaldo de una consulta presencial debidamente registrada en la historia clínica.

Impacto en la atención médica habitual

Muchos pacientes dominicanos estaban acostumbrados a consultar a sus médicos por canales informales, como enviar audios nocturnos describiendo síntomas leves o compartir fotos de análisis de sangre para recibir indicaciones rápidas. Estas prácticas, aunque comunes y a menudo motivadas por confianza o limitaciones de acceso, ahora enfrentan riesgos legales para el profesional que las brinda.

Ante esta situación, instituciones y profesionales de la salud han comenzado a emitir comunicados orientando a los pacientes sobre cómo adaptarse al nuevo marco regulatorio. Se recomienda:

  • Agendar citas presenciales con fecha y hora definidas.
  • Usar WhatsApp únicamente para coordinar la consulta, no para recibir indicaciones médicas.
  • Describir los síntomas durante la consulta presencial, evitando mensajes de voz o audio fuera del horario clínico.
  • Discutir resultados de estudios como ecocardiogramas o cateterismos en persona, con el médico y la documentación adecuada.
  • Acudir directamente a servicios de emergencia en caso de síntomas graves, sin intentar consulencias digitales previas.

Contexto y críticas a la medida

Defensores de la norma argumentan que responde a una necesidad de mayor profesionalismo y seguridad en el ejercicio médico, especialmente en un contexto donde la informalidad había crecido debido a fallas sistémicas en el acceso a la salud.

Sin embargo, críticos señalan que la ley podría afectar desproporcionadamente a poblaciones vulnerables, incluyendo quienes viven en zonas rurales, no pueden pagar consultas frecuentes o dependen de la confianza en un médico de larga data para recibir orientación básica. En este sentido, se plantea la tensión entre proteger al paciente de negligencias reales y no dejar sin acceso a la única forma de consulta que muchos podían costear.

Algunos gremios médicos han expresado preocupación no por oposición a la regulación, sino por el riesgo de criminalizar actos de buena fe, como responder un mensaje nocturno con intención de ayudar, sin que medie negligencia ni daño real.

Mientras tanto, se destaca que el sistema de salud dominicano sigue funcionando en gran parte gracias a esa informalidad, que ha llenado vacíos dejados por la sobrecarga del sector público y las barreras económicas. La verdadera deuda del Estado, según analistas, no es solo sancionar, sino garantizar acceso real, oportuno y digno a servicios de salud formales para toda la población.

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Ana María Guzmán
Sobre el autor

Ana María Guzmán

Editora de Salud

Periodista especializada en salud pública y bienestar. Colaboradora de organizaciones de salud en el Caribe. Máster en Comunicación Científica.

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